El CSIF ha convocado ya para el día 30 de noviembre una manifestación contra la Conselleria de Sanidad por los baremos establecidos para las ofertas de empleo a partir del año 2023. Entre otras cosas, estos sindicatos no están de acuerdo con la puntuación que se otorga a la lengua valenciana, el triple que a un doctorado.

Y es que según el acuerdo adoptado por la Conselleria en la Mesa Sectorial del pasado 8 de noviembre, mientras que al valenciano se le otorgan hasta 15 puntos (conocimiento oral o A2: 11; Grado elemental o B1: 12; Nivel B2: 13; Grado medio o C1: 14; Grado superior o C2: 15), un máster universitario o doctorado tan sólo se le otorga un máximo de 5 puntos.

Manifestación convocada por el CSIF.

No se trata de un error. Pese a que la Conselleria está dirigida por el socialista Miguel Mínguez, la vicepresenta del Consell y líder de Compromís, Aitana Mas, aseguró tres días después, tras la polémica suscitada, que es "importante que un sanitario sea capaz de entender el valenciano, por lo que se ha mostrado a favor de que el conocimiento de esta lengua puntúe más que una tesis doctoral en el baremo de méritos propuesto por la Conselleria de Sanidad a los sindicatos para la consolidación de plazas".

E insistió: "Un médico que carece de una tesis no es necesariamente peor, mientras que un buen médico debe poder entender a todos los pacientes". "Es un derecho recogido en el Estatut d'Autonomia y que para los funcionarios se valora como mérito y no como requisito de acceso, con lo que no impide en ningún momento participar en un proceso selectivo", Concluyó Aitana Mas.

Cambio ideológico

Estos cambios sólo han sido apoyados por el sindicato afín a Compromís, Intersindical Valenciana, y rechazados por CC.OO., UGT, SATSE, CSIF y CESM. Los primeros, sindicatos de izquierdas, quieren solucionar el asunto en los despachos, con una nueva mesa sectorial. Los segundos, de carácter profesional, arremeten directamente contra el Gobierno de Ximo Puig y plantean movilizaciones.

El diputado autonómico del PP, José Juan Zaplana, se pregunta "¿qué necesidad había de cambiar este baremo cuando en 2020 se estableció otro apoyado por unanimidad por todas las fuerzas sindicales en el que el valenciano eran 6 puntos y un doctorado otros 6? ¿Qué ha cambiado para la lengua pase de 6 a 15 y los estudios especializados bajen de 6 a 5?". 

Zaplana iba a hacer esta pregunta esta semana al conseller en las Cortes Valencianas, pero una lumbalgia de Mínguez impidió que compareciese en la cámara autonómica. No obstante, ya se ha registrado como pregunta escrita.

Reivindicación del CSIF de eliminación del requisito lingüístico en toda la Administración.

El Sindicato Médico ha sido el más combativo con este asunto y ha llegado a afirmar que "lo consideramos un completo despropósito que infravalora los esfuerzos en formación, especialmente en la categoría de personal médico". Además, insiste en que "los continuos cambios de baremo, a los que nos tiene acostumbrados esta Administración, vulnera los derechos de los compañeros que han centrado sus esfuerzos en méritos que cambian continuamente de valor o sencillamente dejan de ser valorados".

Por su parte, CSIF habla genéricamente de su disconformidad con el nuevo baremo en cuestiones como la actividad formativa, pero paralelamente ha exigido al Gobierno valenciano en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2023 que elimine el "requisito lingüístico".

"Laborales a extinguir"

Otro de los problemas de la nueva baremación es que no computa como méritos las horas trabajadas por los profesionales en los hospitales y centros de salud de los departamentos sanitarios con gestión público-privada, y en especial los que se han revertido, como Alzira y Torrevieja.

A este respecto el Sindicato Médico recuerda que "en la actualidad los tribunales de Justicia se reconocen los servicios prestados en bolsa, carrera profesional etc., el hecho de que no sean incluidos puede abocar a un gran número de impugnaciones que también dificulten el desarrollo del procedimiento".

CSIF también insiste en este punto: "Los servicios prestados (...) deberán baremarse teniendo en cuenta que han sido prestados en entidades que forman parte del sistema nacional de salud a través de una gestión indirecta y habrá que tener en cuenta que la impugnación del baremo como consecuencia de no computar estos servicios prestados con el argumento de que (...) podría dar lugar a la anulación por un tribunal de todo el proceso selectivo.

UGT ahonda en esta posibilidad:"la jurisprudencia reciente advierte de un alto porcentaje de posibilidades de impugnación y recursos que contribuirían a aumentar las frustraciones entre la plantilla ya que la resolución de los mismos podrían paralizar y/o aletargar el proceso en el tiempo".