"Medidas contundentes y ejemplarizantes". Eso es lo que demandan al Gobierno desde Compromís el concejal de Alicante Rafa Mas y el senador Carles Mulet por la participación del obispo Munilla en la campaña '40 Días por la Vida', orando ante una clínica abortiva. Como señalan, esta es una acción presuntamente delictiva por acosar en un centro sanitario donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo.

"No podemos permitir el acoso a trabajadoras y trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional, y menos por parte del representante de la Iglesia como es el obispo Munilla, cuyo reprochable comportamiento no se ajusta ni a la ley". Así lo señala Mas en un comunicado en el que preguntan al Gobierno por su respuesta ante esta acción pública "para presuntamente amedrentar y coaccionar a mujeres".

Mulet recuerda en ese mismo texto que "la ley está para cumplirse, sea oficinista, conductora de camiones u obispo". Pero, como puntualiza, "es más temerario cuando este acto de acoso lo realiza una persona con repercusión pública". El anuncio por parte del propio obispo de que se trata de una campaña les hace preguntarse si la acción del 2 de noviembre se ha repetido o se planteará de nuevo.

"No sabemos las veces que ha decidido el señor Munilla no practicar el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, pero esta persona no puede violar la ley", reitera Mulet. "Y menos hacer ostentación pública de ello", añade. Por eso, señala de nuevo que "esperamos unas medidas contundentes y ejemplarizantes por parte del Gobierno, o, en caso contrario, se demostrará la ley no sirve para nada".

En la pregunta dirigida al Gobierno desde el Senado por Mulet señalan la nueva ley aprobada el pasado abril en la que se "penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo".

Entre los supuestos que indica esta norma se incluye "obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo" para el que "acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad". En esos casos la pena prevista es de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.