Nuevo varapalo de la Justicia a la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana durante la pandemia. El departamento entonces dirigido por la socialista Ana Barceló y la nacionalista Isaura Navarro, se negó a vacunar a los médicos de la medicina privada pese a que por los decretos de Alarma del Gobierno central había sido "intervenida". El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Colegio de Médicos de Alicante.

A partir de ahora, por tanto, si la Abogacía de la Generalitat no recurre la sentencia en el Supremo, cerca de 400 médicos alicantinos (los valencianos y castellonenses no porque sus Colegios o no demandaron o retiraron la demanda), podrán presentar demandas y exigir indemnizaciones por daños "morales, personales y patrimoniales" a la Generalitat.

El Colegio de Médicos de Alicante (COMA) que interpuso la demanda ha anunciado que ya está empezando a recoger información sobre los médicos afectados. Y es que la sentencia del TSJ ratifica íntegramente la condena de lo contencioso-administrativo, tras el recurso del Colegio de Médicos de Alicante.

En este sentido, rechaza los motivos esgrimidos por la Conselleria en su demanda, destacando que "hubo un retraso, cuanto menos negligente, en la atención a los sanitarios de centros privados, retrasándoles la vacunación a pesar de la exposición a los mismos riesgos, lo que evidentemente les perjudicaba”.

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Esta mañana el presidente del Colegio, Hermann Schwarz; la vicepresidenta primera del CGCOM, María Isabel Moya, -quien impulsó la demanda- y el secretario técnico jurídico del Colegio, Guillermo Llago, han detallado las consecuencias de la sentencia. Y es que los médicos de ejercicio privado no empezaron a ser vacunados hasta 15 al 21 de febrero de 2021, con casi dos meses de retraso frente a los médicos del sistema público y a pesar del auto de medidas cautelarísimas del 21 de enero de 2021 que dictó el juzgado a petición del Colegio.

Algo que sólo sucedió en la Comunidad Valenciana y en Cantabria. En el resto de comunidades autónomas se vacunó simultáneamente a todos los médicos con independencia del sector su puesto de trabajo, pues la sanidad privada había sido intervenida para derivar pacientes.

Para la Sala, "no tiene ninguna justificación ni admite paliativos ni excusas la
prioridad que se estableció en este caso en el tratamiento inmunizatorio en favor de los sanitarios públicos con perjuicio y detrimento de los privados”.

Es más, considera que “está más que justificada la invocación de la vulneración del derecho a la salud, e incluso la vida, por cuanto la exposición de los sanitarios a la infección de una enfermedad tan contagiosa y peligrosa para su integridad física".

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Además, los magistrados elogian y ponen en valor el trabajo de los médicos afectados
"puesto que en todo momento han sido conscientes de que esa falta de medios y de
vacunación podía tener graves consecuencias para su salud como así ha ocurrido, y a
pesar de todo ello ese riesgo no les ha impedido ni les ha supuesto dejar de prestar un servicio apremiante para la población en momentos tan críticos".

El abogado del Colegio considera que no hay motivos jurídicos para que la Generalitat interponga un recurso de casación en el Supremo (que inadmite el 95% estos casos) puesto que la sala ha dejado claro el cumplimiento de la medida cautelarísima no ha acarreado la pérdida del objeto de la demanda, ni que h existido falta de reclamación previa. 

La doctora Moya y el doctor Schwarz han añadido que el Colegio de Médicos de Alicante "no podíamos mirar hacia otro lado mientras la administración actuaba de forma negligente. No podíamos ser cómplices de esta discriminación".