La errática política de la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, vuelve a soliviantar a los profesionales contratados como "refuerzo" en la lucha contra el Covid-19. En pleno sexto pico de la pandemia, la Conselleria reculó el pasado jueves sobre su intención de despedir a 419 profesionales, en su mayoría rastreadores. 

No sólo eso, sino que además, a través de los sindicatos, les anuncia una penalización de seis meses en la bolsa de trabajo para futuras contrataciones si no prorrogan sus contratos voluntariamente. En sus presupuestos la Generalitat anunció la contratación de 6.000 sanitarios en 2022, pero las cuentas no cuadraban. Los que quieran acceder a estos puestos, o los que se habiliten, necesitarán estar bien posicionados en las bolsas de trabajo.

Por eso, cobran especial relevancia los mensajes que están distribuyendo los sindicatos entre los sanitarios. En este caso, desde UGT se informa del "Cambio de criterios en cese voluntario/renuncia de los contratos covid". Desde el sindicato se atribuyen la victoria de haber conseguido mantener los contratos de refuerzo que finalizaban a final de año.

De los aplausos a las presiones

"Tras haber conseguido la renovación de todos los contratos covid para el refuerzo de la lucha contra la pandemia, la Conselleria ha cambiado su criterio con respecto a las penalizaciones de las renuncias del personal que voluntariamente ha manifestado no continuar prestando servicios", continua el mensaje.

Para añadir, posteriormente, en qué consisten esas penalizaciones: "Importante. Por tanto, todas/os aquellos profesionales que renuncien a los contratos de acumulo covid que se prorrogan automáticamente hasta el mes de mayo conllevarán una penalización de 6 meses en la categoría en la que presta servicios".

Estos cambios de última hora se producen cuando muchos de los profesionales ya se habían hecho a la idea de que sus contratos terminaban el 31 de diciembre y ya se habían buscado trabajo en otras comunidades autónomas, hospitales privados o incluso fuera del país.

Una reacción bastante lógica si se tiene en cuenta los 3.000 sanitarios despedidos el pasado mes de mayo, cuando la Conselleria utilizó un Whatsapp para comunicar los ceses a muchos de los profesionales. Aquello le valió a Barceló incluso una reprimenda pública de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), quien aseguró que no se puede aplaudir un día la labor de los sanitarios y despedirles otro mediante un Whatsapp. 

Con posterioridad a aquellos despidos, la propia consellera se quejó en la ola de Covid siguiente de la falta de profesionales sanitarios en España para cubrir las necesidades de la Comunidad Valenciana.