Lo anunciaron el pasado 30 de noviembre y a principios de esta semana han cumplido su promesa. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante, que presume de ser la más numerosa de las existentes en todo el cuerpo, 750 afiliados de unos 3.000 agentes, ha roto relaciones institucionales con el Gobierno de Pedro Sánchez en una acción replicada en todas las provincias del país donde están establecidas. 

Firmada por el secretario general de la AUGC de Alicante, Francisco Javier García Gómez, el escrito dirigido a la subdelegada del Gobierno en la provincia, Araceli Poblador, señala que "se han visto abocados" a tomar esta decisión, de carácter simbólico, "ante la falta de soluciones a los problemas trasladados precedentemente en los diferentes encuentros mantenidos". 

Preguntado a García Gómez, responde que están "hartos" de esperar a que el Ministerio del Interior que dirige Grande Marlaska dé una solución a la "discriminación" que, asegura, padecen los Guardias Civiles de la provincia con respecto a otros cuerpos policiales como la Policía Autonómica o la Nacional. 

"La ruptura viene motivada porque hace mucho tiempo que llevamos reclamando la equiparación con otras fuerzas, no económicamente, hablamos de derechos laborales", sostiene por teléfono. ¿En qué se va a traducir exactamente esta ruptura? En no volver a reunirse con los representantes del ejecutivo de Sánchez, "hasta que no haya ningún avance en los derechos de los guardias civiles y eso que se supone un Gobierno progresista y por los trabajadores", se puede leer en la cuenta de Twitter de la secretaría de esta organización.

Plus de territorialidad

Y es que según recuerda AUGC, el Gobierno Sánchez ha rechazado una enmienda a los Presupuestos Generales para el año 2022 -elevada por Coalición Canaria- en la que les instaba a que se abonara a los guardias civiles el plus de territorialidad que se percibe en Policía Nacional desde el año 1995. 

Un plus que viene motivo por "la especial penosidad de ciertas zonas geográficas, por su situación, carga de trabajo o alto coste de la vida" y que en Alicante, sostiene el secretario general, existen "zonas problemáticas" derivados de "los problemas con la inmigración" o con la "gran afluencias de turistas extranjeros y nacionales".

"Cabe recordar que hay puestos principales de la Guardia Civil como el de Torrevieja o el de Pilar de la Horadada, que cubre a Orihuela Costa, la colonia de británicos y extranjeros más grande de Europa, lo que conlleva un exceso de trabajo con respecto a otras unidades", asegura. Con respecto a la inmigración, se refiere a las personas que entran en pateras de manera irregular y que "también ha aumentado, no tanto como en otros puntos como Almería, pero ha crecido y eso es una carga de trabajo que se debería de remunerar un poco". 

La "España vaciada"

En la misiva dirigida a Poblador también se refieren a que "no se ha actuado para compensar económicamente a los Guardias Civiles que presentan servicio en la 'España vaciada', concepto recurrente por el Gobierno de la Nación pero que no se traduce en medida alguna en el ámbito de nuestro cuerpo". 

Y es que, a diferencia de la Policía Nacional, que "suele tener unidades grandes" en medianas y grandes localidades, "nosotros tenemos unidades diseminadas por todo el territorio". En la provincia de Alicante existen puestos pequeños con tres o cinco guardias como en Pedreguer, Gata de Gorgos o Pinoso, "donde es más difícil conciliar la vida laboral, encontrar una vivienda, acceder a servicios o que la familia encuentre trabajo". 

Plus de turnicidad   

Los guardias civiles no perciben el plus de turnicidad que sí perciben los miembros de la Policía Nacional, cuya cuantía actual mensual de 120 euros, asegura la AUGC. "Esta cantidad viene a compensar el trabajo en horario se servicio de mañana, tarde y noche".

A este respecto, el secretario general de la provincia en Alicante se muestra contrariado al denunciar que les acaba de llegar un escrito en el que, de los 9 turnos que quieren implantar, solo han optado por una unidad, la de la cárcel de Villena, con unos 40 efectivos, cuando esta medida llevan años esperando a que la pongan en práctica. Actualmente, solo existe en la unidad de Alta para la mitad de la plantilla, "mientras que la Policía Nacional ya lo tiene implantado".