En el complicado mercado inmobiliario por las dificultades para ofrecer viviendas en alquiler, la Policía Nacional ha detenido en Alicante a una banda criminal que ofrecía soluciones al margen de la ley. Los siete arrestados presuntamente allanaban y realquilaban viviendas por hasta 3.000 euros a familias "con pocos recursos económicos".

El ámbito de trabajo de esta presunta red delictiva abarcaba desde la cotizada Playa de San Juan a barrios más humildes como Juan XXIII y Virgen del Remedio. Según recoge Efe de la Policía Nacional, estos forzaron la cerradura en seis viviendas distribuidas en estas tres áreas. 

Los siete detenidos son hombres y mujeres de entre 22 y 63 años con nacionalidades española, cubana, búlgara y argelina. Están a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante por supuestamente cometer los delitos de robo con fuerza, allanamiento de morada, ocupación de bien inmueble, usurpación de estado civil y estafa, entre otros.

En esa lista de delitos, la Policía destaca que se iba más allá de subarrendar ilegalmente los pisos ocupados. Cuando tenían la confianza de las familias que accedían a estas viviendas, el cabecilla llegó a usurpar sus identidades para así poder cometer estafas a compañías telefónicas y agencias de crédito.

El aviso

La investigación, que culminó con las siete detenciones el pasado septiembre, se inició gracias a la información sobre el incremento de ocupaciones de viviendas. Las unidades de radiopatrulla de Seguridad Ciudadana alertaron de este fenómeno y lo comunicaron para el posterior análisis que realizó la Brigada de la Policía Judicial.

En esas investigaciones, este grupo descubrió en primer lugar el alquiler ilegal de la vivienda ocupada en el barrio de Virgen del Remedio de Alicante. Allí, tras acudir el propietario de la vivienda, se procedió al desalojo de la familia que estaba de forma no reglada en ella.

Aquel hilo lo siguieron trabajando hasta que las investigaciones posteriores revelaron la existencia de, al menos, otras cinco viviendas más ocupadas. Según descubrieron, los arrestados estaban utilizando el mismo modo de actuar o uno parecido en cada uno de estos casos. Eso les permitió averiguar quién era el principal cabecilla de este entramado y, así, localizar la existencia de la banda organizada.

Al comprobar que se encontraban ante un sistema dedicado a este negocio ilegal, registraron los domicilios de los supuestos delincuentes. En estos, ubicados en San Vicente del Raspeig y Mutxamel, se intervinieron varios materiales que les facilitaban la labor. Entre ellos, utensilios especialmente diseñados para forzar puertas, así como cerraduras de puertas listas para sustituir las de los pisos que se allanaron y así ofrecer su realquiler.