La izquierda valenciana ha convocado una nueva manifestación en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ya no les vale la dimisión, la mayor asunción de responsabilidades políticas que ha asumido en su persona el todavía presidente de la Generalitat Valenciana, el alicantino Carlos Mazón. Ahora el lema es "Mazón a prisión". Y nuevamente no se trata de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, son los "movimientos sociales del país valenciano". Es decir, los militantes y activistas que buscan más rédito político de la tragedia.

Mazón, por si no hubiera quedado meridianamente claro en el último año, no era miembro del Cecopi encargado de enviar el mensaje de alerta. Además, habría que dirimir más allá de eso, si ese mensaje de alerta habría salvado alguna vida. Una cosa es lo que diga la jueza instructora y otra muy diferente cuando llegue a juicio. A saber cuándo.

El primer mensaje solo prevenía para "evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia". El segundo recomendaba "permanecer en casa". ¿Qué pasó con quienes permanecieron en casa y su casa se inundó?¿Qué pasó con quienes no hicieron caso de los mensajes?

Cuando se juzga a cualquier persona por un caso de este tipo no se hace "en genérico". Se ha de exponer caso a caso qué pasó con cada persona y cómo podría haber afectado el hecho de que se enviase antes el mensaje de alerta a tiempo. ¿Cuándo habría sido "a tiempo"? ¿Existe toda la información y autopsias exhaustivas sobre cada una de las víctimas para poder acusar a alguien de homicidio o lesiones imprudentes, que es de lo que están acusados la exconsellera Pradas y el secretario de Emergencia, Emilio Argüeso?

¿Recuerdan la pantanada de Tous? ¿Cómo quedaron las sentencias de los sucesivos juicios? El primero de 1987 se anuló. El segundo de 1989, condenó a dos ingenieros -cargos técnicos, no políticos- a un año de prisión por imprudencia temeraria y al pago de indemnizaciones a las víctimas, por omisión de sus deberes profesionales. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló esta sentencia por defectos de forma, lo que llevó a la celebración de nuevos juicios.

En el cuarto y último juicio, la Audiencia Provincial absolvió a todos los ingenieros en 1995. Tras los recursos presentados, el Tribunal Supremo condenó finalmente solo a uno de los ingenieros a 30 días de arresto y una multa, además de la obligación de indemnizar a los familiares de las ocho víctimas mortales y otras cantidades para los damnificados. Pero nunca quedó claro cuántas personas murieron. Hay fuentes que hablaron incluso de 40 personas.

Pero aun así la izquierda valenciana insiste. Cada vez que puede, la ministra Diana Morant (PSOE) sigue erre que erre, mientras en Ferraz ya se están cuestionando su tirón electoral. No ha rascado ni un voto, según las encuestas, desde que llegó a la secretaría general socialista y no hay previsiones de que de aquí a un año pueda erigirse como una alternativa electoral a la derecha valenciana.

A ver cómo se les da el verdadero test de su fuerza, cuando lleguen las elecciones autonómicas. Estos mismos partidos que soportan al Gobierno atenazado por los casos de corrupción en el ejecutivo de Pedro Sánchez (PSPV-PSOE, Compromís, Podemos, y un largo etcétera de grupúsculos), tendrán que dar cuentas sobre cómo se han comportado tras la dana. Qué ayudas han llegado de un Gobierno que ni siquiera ha adelantado el FLA en el peor momento de la historia de la Comunitat y dónde están las obras que se deberían haber hecho en los cauces y barrancos.