Con casi 59.000 habitantes según su último padrón municipal, San Vicente del Raspeig es el séptimo municipio de la provincia de Alicante, siguiendo muy de cerca a Alcoy. Y sin ser capital de comarca. También es uno de los más populosos de la Comunidad porque a excepción de Torrent y Gandía, la provincia de Valencia centraliza casi toda su población en la capital.

Con su cercanía a Alicante y con el campus de la UA en su término municipal, San Vicente no sólo es grande cuantitativamente, también cualitativamente. Es una de las grandes plazas que los partidos mayoritarios quieren conseguir o conservar porque de ellas depende mucho su futuro electoral.

El PP supo entenderlo a principios del milenio cuando consiguió colocar a Luisa Pastor como alcaldesa tras una controvertida moción de censura con tránsfugas del PSOE. Durante más de 13 años el municipio estuvo gobernado por Pastor y creció exponencialmente, en huan parte, por las inversiones realizadas por los presidentes Eduardo Zaplana y Francisco Camps, en el respeto que le tenían al marido la alcaldesa, el conseller José Ramón García Antón, fallecido en 2009.

En 2015 el tsunami de cambio en la Comunidad Valenciana provocó que Jesús Villar, un técnico de Deportes de la UA afiliado al PSOE, se alzase con la Alcaldía en minoría. Pero tras muchos problemas con sus socios reeditó la victoria electoral en 2019, todavía con mejor porcentaje.

Todo pintaba muy bien para el municipio y para el propio Villar en 2019. Era su segundo mandato en un sano turnismo que podía llevarle a consolidar sus políticas y proyectos. Pero el cáncer lo tenía dentro de su propia formación, dirigida por el discípulo del tránsfuga José Gadea que llevó al PP a la Alcaldía casi 20 años antes, José Luis Lorenzo. 

En el contexto de esta crisis interna se produjo hace un mes la "investigación judicial" del alcalde por la supuesta prevaricación en la prórroga de un contrato. Fue denunciado ni más ni menos que por el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. Mala cosa.

Desde este diario le preguntamos entonces a Villar y calificó el asunto de "vendetta". Se apoyó en que toda la tramitación había sido legal y que contaba con todos los informes favorables por parte de los funcionarios.

Al parecer no es verdad, y lo publicamos. Villar se saltó dos veces los informes de Contratación y de Secretaría. No es baladí. Un secretario municipal es un "habilitado nacional", es decir, funcionario del Estado (no del Ayuntamiento) colocado ahí para velar por la legalidad. Saltarse sus informes, por tanto, es mucho más grave que no decir la verdad a la prensa. Es cavarse una tumba política. 

Pero Villar parece no haberse dado cuenta. Ximo Puig, que le mantiene en el cargo, tampoco. El PSPV-PSOE está permitiendo no sólo que un alcalde investigado por la Justicia permanezca en su puesto. Las líneas rojas socialitas marcan como punto de inflexión la apertura de juicio oral. El problema para Puig es que Villar sigue sin dar explicaciones, dilapidando todo el rédito electoral del PSOE durante años. Así que, a esperar.