Me resulta muy curioso que la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, haya arremetido de la forma que lo ha hecho contra Luis Barcala por hacer lo que debía. Sus palabras definen a la perfección sus aptitudes y competencias. Una persona sin talante, cintura, ni talento político más allá de populismos groseros. Una profesional de la política desde su juventud sin la mínima capacidad crítica o analítica y sin conocimiento alguno de cómo funcionan las Administraciones públicas, y menos, los juzgados.

Relata la exalcaldesa que ella obtuvo la mayoría absoluta más importante de la historia democrática de la ciudad, y es cierto. Pero no es menos cierto que sólo ella y su entorno fueron los que tiraron por el desagüe esa inmensa confianza que los ciudadanos le otorgaron. ¿O es que los alicantinos sabían todo lo que conocieron después acerca de su íntima amistad con Enrique Ortiz?

A Castedo la Audiencia Provincial de Alicante le ha condenado por cohecho impropio. Otra cosa es que el delito haya prescrito. Es una condena menor, pero no es para sacar pecho. Y, menos aún, cuando las magistradas dicen textualmente que su comportamiento fue "éticamente reprobable".

Llama "la atención la forma en que se preguntaba, o se solicitaban reuniones, sin pedirlo por los cauces reglamentarios, pedirlo por escrito, o a través de los funcionarios encargados de dar cita para recibir información. Esto, no es más que un uso abusivo de la amistad que el propio fiscal ha considerado que existía entre el Sr Ortiz y la Sra Castedo. Aprovechar una amistad, para no tener que esperar, o ser atendido antes que otros es éticamente reprobable", dice la sentencia.

Se queja la exalcaldesa de que su compañero de partido no retirase, cuando llegó a la Alcaldía, la personación como acusación particular contra ella del Ayuntamiento. Pero Barcala ni podía ni debía hacerlo. Ni política ni jurídicamente.

Esa acusación particular fue realizada por el Gobierno tripartito de izquierdas previo (PSOE-IU-Compromís), por Junta de Gobierno, y tras informes de los departamentos jurídicos del consistorio. Informes que dejaban claro que la ciudad de Alicante podría estar directamente perjudicada por la actuación de los imputados tras haber gastado mucho dinero en la redacción de un Plan General que quedó invalidado.

El alcalde nunca ha tenido una mayoría suficiente -en el mandato anterior y en éste- con la que tomar una decison semejante. Su actual pacto con Cs hubiese sido imposible si hubiese retirado la personación municipal en el 'caso Brugal'.

Y es que además, no debía hacerlo. Si los servicios jurídicos del Ayuntamiento habían dictaminado que la ciudad era una perjudicada directa de la actuación de Castedo, ¿cuánto habría tardado la oposición en denunciar a Barcala por prevaricación si se hubiese saltado ese dictamen? Hoy, se podría dar el caso de que la persona responsable de tirar por los suelos la imagen de la ciudad estuviese absuelta, como es el caso, y el alcalde imputado o condenado.

Más aún. Si la ciudad ha sido perjudicada por las actuaciones de Castedo, Alperi y Ortiz perdiendo todo el dinero invertido durante años en hacer un Plan general fallido, ¿a quién se debe Barcala?, ¿a sus ciudadanos o a sus compañeros de partido?

Si algo ha demostrado el alcalde es que conoce bien no sólo lo que sucede en los juzgados como abogado que es, sino también que es capaz de mantener una impecable neutralidad aun cuando hay compañeros de partido metidos en líos de por medio. Lo cual, en estos tiempos que corren, es loable.

Y habrá quién se pregunte: ¿y por qué no va a recurrir la sentencia entonces? él ya lo ha dejado claro. Entonces había dudas de que la ciudad había sido perjudicada por un hecho supuestamente delictivo. Hoy, tras la sentencia, ya no hay esas dudas. Así, ¿por qué seguir gastando dinero de los contribuyentes con un abogado externo si ya hay fallo judicial?