La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche, la socialista Marga Antón, ha sido citada a declarar como investigada por haber cometido, supuestamente, prevariación administrativa al dar comienzo a los trabajos de exhumación de las víctimas del franquismo en el Cementerio Viejo sin haber firmado un contrato con la empresa adjudicataria.

Se trata de uno de los escándalos que, independientemente del resultado judicial, va a marcar este mandato municipal ante la inexplicable 'chapuza' en el área de Cultura, apelativa con el se conoce ya, del que el Equipo de Gobierno ha señalado a los técnicos por haber cometido "una cadena de errores". 

Antón deberá acudir al Juzgado de Instrucción número 2 de Elche el próximo 27 de abril donde hará frente a las acusaciones vertidas por el Partido Popular en su demanda. El recientemente elegido portavoz popular, José Claudio Guilabert, ha criticado este lunes a la regidora por su "incapacidad" para responder los motivos por los que los trabajos no se paralizaron hasta el mes de octubre de 2021, pese a que "tenían conocimiento de las irregularidades" desde septiembre.

En rueda de prensa, ha indicado que Antón "no ha respondido" acerca de los motivos por los que no existía contrato, sobre la "coincidencia exacta" del valor del proyecto de realiza Cultura con la propuesta que posteriormente llevaría a cabo la empresa adjudicataria.

Además, de la "incapacidad" de contestar al hecho de que "no se respetaran" los plazos de alegaciones de los interesados, o que el equipo técnico de elaboración del proyecto estuviera formado por cinco miembros de la empresa que finalmente sería la adjudicataria.

Ha señalado que la "falta de respuesta" y la "incapacidad manifiesta" de Marga Antón de "rendir cuentas" a la oposición será investigada por la justicia. Según Guilabert, la idea "no es judicializar la vida política", pero tampoco quieren ser "cómplices" de las "irregularidades" y la "falta de transparencia" del gobierno local de PSPV-PSOE y Compromís.

En este sentido, ha recordado que el alcalde, Carlos González, ya ha sido condenado por vulnerar los derechos de la oposición y que la Agencia Antifraude investiga al gobierno local por presunto fraccionamiento de contratos tras archivar la investigación la Fiscalía Anticorrupción.

Los hechos se remontan al 25 de octubre del año pasado cuando el PP puso en duda de manera pública la legalidad de las exhumaciones de los represaliados del franquismo en el Cementerio Viejo, tras varias semanas sin respuestas por parte del gobierno local ante la petición de información sobre este contrato.

Dos días después, Antón reconoció el inicio de los trabajos sin contrato, lo achacó a un error técnico en la tramitación administrativa y aseguró que nada más conocer la situación ordenó la paralización el 21 de octubre, además de dejar claro que no "nunca" había habido "mala fe".

Los populares solicitaron la dimisión de Antón ante las "escasas y falsas declaraciones" sobre el contrato, "mentir deliberadamente" y tratar de culpar a los funcionarios de Cultura, además de una comisión de investigación para conocer al detalle los hechos.

A su vez el alcalde, pidió al secretario municipal días después la elaboración de un informe para esclarecer las razones del inicio de los trabajos de exhumación sin la tramitación del contrato, un documento en el que se puso de manifiesto la "irregularidad técnica" y la inexistencia de responsabilidad penal ni perjuicio económico.

A finales de noviembre, el gobierno local anunció la apertura de un expediente informativo al arqueólogo municipal tras la denuncia del grupo municipal de Vox en la que señalaba que se había incluido en el equipo técnico encargado del informe de solicitud de la subvención de la Conselleria de Transparencia a personas relacionadas con la empresa, que posteriormente fue la adjudicataria.

El Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana colaboran en el proyecto de exhumación en el cementerio viejo de la ciudad, de 15 personas de Elche y localidades cercanas como Crevillente y Aspe, que fueron fusiladas en 1939 tras un Consejo de Guerra, con el objetivo de devolver la dignidad y hacer justicia con las víctimas y sus familias. 

Reacción

El alcalde de Elche, Carlos González (PSOE), ha asegurado que cumplirán con el requerimiento del Juzgado al tiempo que se ha mostrado tranquilo porque el informe del secretario municipal señaló que no existe delito penal sino una cadena de errores administrativos.

En declaraciones a los periodistas, ha criticado al PP por su estrategia de "judicialización" de la vida política, lo que pone de manifiesto, en palabras del alcalde, su "incapacidad" para hacer propuestas de ciudad y poner sobre la mesa asuntos que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de los ilicitanos.

El alcalde ha afirmado que el PP de Elche ha basado su oposición en la "crispación", la "bronca" política, el "enfrentamiento sistemático" y en su idea de "destruir al adversario".

En este sentido, ha apuntado que los populares ilicitanos "se han quedado en la época de Pablo Casado y no han evolucionado hacia el estilo de oposición que anuncia Alberto Núñez Feijóo".