El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha trasladado este lunes a la patronal turística Hosbec que su partido eliminará la tasa turística y apostará por una política de conectividad para abrir nuevos mercados en el exterior.

Mazón se ha reunido con representantes de Hosbec, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana y, según la patronal Hosbec, "el consenso y la cooperación" han sido la tónica del encuentro, en el que han coincidido en varias líneas de actuación.

Estas son la derogación del impuesto turístico y un escenario fiscal y tributario favorable a la actividad, incluyendo autónomos, hostelería, ocio nocturno o comercio; consolidar el capital humano vinculado al turismo desde una visión amplia; crecimiento turístico de Valencia en cultura y deporte; y un plan para desatascar las licencias de obras y de actividad en el Ayuntamiento de la capital, según la patronal hotelera.

Desde el PP han defendido el turismo como base del crecimiento y la competitividad de la Comunitat Valenciana y han criticado que el gobierno del Botànic desarrolla "políticas erráticas y fiscales que desincentivan la inversión" y en el Ayuntamiento de València existe "un discurso turismofóbico, que no beneficia al sector", según indican en un comunicado.

Mazón se ha comprometido a acabar con el impuesto turístico porque, a su juicio, "penaliza tanto a los que vienen de fuera como a los propios valencianos que queremos visitar nuestros municipios", y ha apostado por una "política agresiva de conectividad con el exterior" apostando por el mercado norteamericano, países escandinavos y los países del sur de Europa.

"Apostar por el turismo nacional y el portugués, porque esto nos puede ayudar a compensar la merma turística de países del este. Hay que trabajar para que lleguen vuelos a la Comunitat Valenciana y que haya vuelos directos de la Comunitat Valenciana a otros países como a Estados Unidos", ha manifestado.

Por otra parte, Mazón ha anunciado una ley para el tercer sector y medidas fiscales para personas con discapacidad tras reunirse con representantes del CERMI. Se ha mostrado partidario de implementar políticas de discapacidad transversales e integrales, que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en todos los campos de las políticas públicas, y "una verdadera política de beneficios fiscales y reserva de plazas en la administración pública".

Además, al menos un 7 % de los contratos públicos que licite la administración autonómica estén destinados a empresas de empleo protegido de personas con discapacidad y de iniciativa social, y un compromiso para agilizar los plazos de concesión de certificados de discapacidad en un plazo máximo de 3 meses, en lugar de "los dos años" actuales.