La principal patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, está estudiando la posibilidad de reclamar para sus asociados indemnizaciones millonarias por el cese forzoso de su actividad en 2021 como consecuencia de las medidas que restringían la movilidad en la región. Esto incluye el cierre perimetral de la autonomía y de sus ciudades de más de 50.000 habitantes durante los festivos y fines de semana. 

La decisión de Hosbec se produce después de una sentencia del Supremo, emitida el 25 de enero, que anula el decreto 2/2021, de 24 de enero, de la Generalitat Valenciana. Esta norma limitaba la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, prorrogaba la medida de restricción de la entrada y salida de la Comunidad Valenciana y limitaba la movilidad en las grandes ciudades durante los festivos y fines de semana. El decreto afectaba a municipios con una importante actividad turística, como por ejemplo Benidorm. 

Lo cierto es que el fallo del Supremo considera que el decreto del Ejecutivo autonómico era "adecuado, necesario y proporcionado para hacer frente a la extraordinaria crisis de salud pública que todavía hoy seguimos padeciendo", pero alega que, tras declararse inconstitucional el Estado de Alarma, las medidas adoptadas en la Comunidad Valenciana carecían de base jurídica y Ximo Puig no tenía competencias para poder tomarlas. 

En este sentido, fuentes de Hosbec han explicado a El Español que, en su opinión, la Administración podría tener una "responsabilidad patrimonial" por haber elaborado un decreto que ha supuesto el "cese forzoso" de actividad, con las pérdidas que eso conlleva para las empresas. 

"Este cierre perimetral de siete meses obligó de facto a cerrar muchos hoteles", explicaron. "Y es una medida autonómica, aunque la responsabilidad podría ser mancomunada con el Ejecutivo central: uno por dictar un estado de alarma ilegal y otro por decretar un cierre perimetral también ilegal". También recordaron que solicitaron en varias ocasiones al Ejecutivo de Puig el fin de estas medidas cuando el nivel de contagios había bajado, pero no obtuvieron respuesta. 

De hecho, en aquel momento la patronal ya reclamó "un mayor volumen de ayudas" para hacer frente a la situación de las empresas, motivada "directamente de las medidas restrictivas tomadas por el Consell", según el presidente de Hosbec, Antoni Mayor. "[Los cierres] No derivan de una falta de comercialización, ni de una obsolescencia de instalaciones ni de una mala praxis empresarial. Simplemente las limitaciones de movilidad han impedido el tráfico turístico durante meses", explicó Mayor.

El caso de Meliá y NH

Los hoteles valencianos siguen muy de cerca la reclamación planteada por las cadenas Meliá y NH, quienes han demandado más de 200 millones de euros al Gobierno de España precisamente por el cierre forzoso de sus establecimientos a raíz de las restricciones que se aprobaron tras el decreto del Estado de Alarma. 

En este caso, ambas compañías acudieron primero a la vía administrativa para reclamar la compensación, pero el Ministerio de Sanidad lo rechazó amparado por el decreto que luego se declararía inconstitucional. Ante el silencio administrativo, han optado por recurrir a los tribunales para exigir unos 225 millones de euros, según  las cifras adelantadas por Diario de Ibiza.