Escala de los proyectos en tramitación de energía fotovoltaica en la provincia de Alicante.

Escala de los proyectos en tramitación de energía fotovoltaica en la provincia de Alicante.

Economía

Así es el mapa de las plantas fotovoltaicas en la provincia de Alicante, el gigante de la energía renovable en la Comunitat

La provincia concentra 1.583,68 megavatios en proyectos solares en tramitación, muy por delante de Valencia y Castellón, constituyéndose como una de las provincias decisivas en la estrategia de las renovables de España.

Más información: Manuel Argüelles: "La energía ya es moneda de cambio entre las autonomías, la Comunitat Valenciana debe producir más"

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Alicante se ha convertido en el gran polo fotovoltaico de la Comunitat Valenciana, con 1.583,68 MW en proyectos en tramitación, una cifra que supera con claridad a Valencia y Castellón y que refleja un modelo basado en grandes plantas de suelo, concentradas sobre todo en el interior provincial. Los grandes proyectos se sitúan en municipios de los valles del Vinalopó como Monforte del Cid, Elche, Biar, Villena o Salinas, donde la agricultura especializada en la vid ve en estas plantas su gran competidor.

La radiografía del mapa fotovoltaico de la Comunitat Valenciana es nítida. Alicante no solo lidera en volumen, sino también en tamaño medio de los desarrollos. Monforte del Cid encabeza el listado con 186,06 MW, seguido por Elche con 135,04 MW, Biar con 123,06 MW, el proyecto conjunto de Agost y Monforte del Cid con 100 MW, y Salinas con 91,86 MW. A ellos se suman Villena con 298,92 MW en el conjunto provincial, junto a otros núcleos relevantes como Mutxamel, Monóvar, Aspe, Pinoso, Sax o Novelda, lo que confirma que su expansión es imparable.

El peso de Alicante es todavía más llamativo si se compara con el resto de la Comunitat Valenciana. La provincia alcanza 1.583,68 MW, frente a 1.320,37 MW de Valencia y 463,84 MW de Castellón. La provincia más meridional concentra casi la mitad de toda la potencia fotovoltaica en tramitación de la Comunitat, lo que la coloca como el principal territorio de despliegue solar en el actual ciclo inversor.

La distribución territorial ayuda a entender por qué la provincia ha atraído tantos proyectos. La mayoría de las instalaciones de mayor tamaño se sitúan en el eje interior y sur de la provincia, donde hay suelo disponible, menor presión urbana y mejores condiciones para implantar grandes campos solares. En ese mapa destacan los valles del Vinalopó, l’Alcoià y parte del Alacantí, con municipios como Monforte del Cid, Villena, Biar, Salinas, Sax, Novelda, Monóvar, Elda o Castalla jugando un papel clave.

Ese patrón responde a una lógica conocida en la transición energética española donde las plantas de mayor escala suelen localizarse en áreas de baja densidad de población y con capacidad de evacuación eléctrica. Mientras tanto, en las zonas litorales y más urbanizadas, el desarrollo queda más limitado por el uso del suelo, la fragmentación de la propiedad y el conflicto con otros usos económicos o ambientales. En Alicante, esa tensión es especialmente visible porque la provincia combina una fuerte demanda urbana y turística en la costa con una enorme presión sobre el interior para absorber la nueva potencia renovable.

La comparación con Valencia y Castellón muestra tres modelos distintos dentro de una misma autonomía. Valencia también registra proyectos muy potentes, con el caso singular de Ayora, que suma 174,32 MW, además de desarrollos relevantes en Requena, Albaida, Agullent o Jarafuel. Castellón, en cambio, presenta una estructura más fragmentada y con proyectos de menor escala, aunque con focos significativos como Morella, Onda, Segorbe o Olocau del Rey.

Esa diferencia no es solo cuantitativa, sino también territorial y política. Alicante ha apostado por macroproyectos que concentran mucha potencia en pocos municipios, mientras que Castellón reparte más la implantación y Valencia combina grandes nodos con una dispersión más amplia. En términos de conflicto social, el modelo alicantino tiende a generar más visibilidad y más resistencia local, precisamente porque los proyectos transforman de forma más brusca el paisaje agrario y el uso tradicional del suelo.

El caso alicantino encaja con una tendencia nacional muy clara. Red Eléctrica señala que la solar fotovoltaica superó los 41.500 MW de potencia instalada en 2025 y que, incluyendo el autoconsumo, el sistema fotovoltaico español superó los 49.500 MW, con un peso creciente dentro del parque eléctrico nacional. Además, el Gobierno elevó sus objetivos fotovoltaicos para 2030 hasta 76 GW, según la revisión del PNIEC.

Alicante, por tanto, es una provincia estratégica dentro de una ola energética que afecta a todo el territorio nacional. España atraviesa una expansión muy rápida de la fotovoltaica, impulsada por la caída de costes, la necesidad de reducir emisiones y la urgencia de reforzar la autonomía energética. En ese contexto, la Comunitat Valenciana aparece como un territorio especialmente atractivo, y Alicante como su gran escaparate.

Pero el éxito en potencia proyectada no borra las fricciones. Los macroproyectos solares chocan con una contestación creciente en algunos municipios por su impacto paisajístico, agrario y ecológico, y también por la percepción de que los beneficios se concentran lejos del territorio donde se asumen los costes. Esa disputa es especialmente sensible en comarcas del interior, donde la energía solar convive con secano, corredores ecológicos y un tejido rural que teme perder suelo productivo.

Conflicto territorial y social

La clave no está solo en cuánta energía se instala, sino en cómo se ordena. Si la provincia quiere consolidarse como referencia de transición energética, necesitará compatibilizar escala industrial y planificación territorial, evitando que la expansión fotovoltaica se convierta en una suma de enclaves desconectados de la economía local. El debate ya no es si Alicante puede producir mucha energía solar, porque los datos indican que sí; la cuestión es bajo qué condiciones, con qué compensaciones y con qué grado de aceptación social.

En una reciente entrevista a este diario, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, marcó una línea roja clara al respecto, defendiendo que la implantación de estas plantas debe ser selectiva y estratégica. Según Barrachina, "deben aprovecharse zonas donde ya existe una presencia o una cicatriz eléctrica y no en terrenos cultivados que son productivos".

Para el titular de Agricultura, cada hectárea de cultivo que se pierde en favor de los paneles solares supone un golpe al patrimonio regional: "A mí me duele muchísimo, como conseller, cada terreno que se abandona. Intento evitar en la medida de lo posible que ni un solo bancal que esté cultivado pase a ser baldío".

Por su parte, el director general de Energía, Manuel Argüelles, aporta una lectura de urgencia económica y competitividad regional diferente. Para Argüelles, la Comunitat Valenciana no puede permitirse quedar rezagada en la carrera por la generación propia, advirtiendo que "la energía ya es moneda de cambio entre las autonomías" y que, por tanto, la región "debe producir más" para no depender de terceros.

En municipios como Monforte del Cid, Villena o Alicante ciudad, cada cierto tiempo surgen polémicas acerca de la instalación de plantas fotovoltaicas. Y es la Generalitat la que debe supervisar la idoneidad de los proyectos.