El conseller Barrachina denuncia que Sánchez ‘hace negocio con la guerra’ a costa de agricultores y pescadores

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina ha denunciado que la escalada del precio de los carburantes por la guerra de Irán está llevando al límite a agricultores, ganaderos y pescadores valencianos y exige al Gobierno central una rebaja inmediata de impuestos sobre el gasóleo agrícola y la energía para que “deje de hacer negocio con la guerra”.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Barrachina explica que muchos agricultores “ya han dejado de salir estos días” al campo porque “les cuesta más encender el tractor que lo que van a sacar de la cosecha”, una situación que, según advierte, también afecta de lleno a la flota pesquera.

“Tanto los agricultores como los pescadores están esperando a que baje el precio del gasóleo agrícola”, resume el conseller. En su opinión, la subida del barril de crudo tras el estallido del conflicto en Oriente Medio se está trasladando de forma directa a los costes del sector primario, agravando un contexto en el que “hay muchísimos agricultores abandonando por otros motivos sus explotaciones”.​

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En este contexto, el conseller acusa al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) de aprovechar la crisis energética para incrementar la recaudación: “Pedro Sánchez está haciendo un negocio con la guerra”. “Él es consciente de que cuanto más sube el precio de la materia prima y en este caso del petróleo, él proporcionalmente más dinero se lleva del impuesto de hidrocarburos”, denuncia Barrachina, que califica esta situación de “indecencia” porque el Estado “se dedica a consolidar récords de recaudación a costa de quienes nos dan de comer”.

Ante esta situación, el conseller reclama que el Gobierno central deje de beneficiarse de la escalada del crudo y mantenga la recaudación en los niveles previos al conflicto de Irán. “Lo que le pedimos es que no gane dinero, que no haga negocio con la guerra, que por tanto recaude lo mismo que recaudaba antes de empezar esta guerra”, subraya.

Para lograrlo, Barrachina propone “una rebaja aproximadamente de 25 céntimos el litro” en el gasóleo agrícola, una medida que la Generalitat pide copiar de otros países europeos que ya han reaccionado a la crisis.​

Según recuerda, “Portugal ya lo hizo hace dos semanas, Francia, Italia, todos los países ya han tomado sus medidas y aquí Pedro Sánchez va a ser el último”, algo que vincula a que “para él el agricultor, el pescador y el ganadero es el último en su lista de prioridades”.

Desde la Conselleria sostienen que el Ministerio “sabe exactamente cada vez que sube el precio de los hidrocarburos cuánto recauda de más” en carburantes y otros insumos básicos del campo, por lo que dispondría de margen para aplicar esa bonificación extraordinaria.

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​Rebaja del IVA y la energía

Más allá de la bonificación directa al gasóleo, Barrachina reclama “una rebaja no solo de los hidrocarburos, sino también del IVA para todos aquellos consumos energéticos, electricidad y gas” que están disparando los costes tanto del sector primario como de los hogares.

“Cualquier vecino va a ver que su recibo se aumenta por dos motivos, uno, por la guerra y dos, por los impuestos que Pedro Sánchez no ha querido rebajar para que sigamos pagando la misma factura fiscal sin incrementos”, advierte. Organizaciones agrarias y cooperativas llevan días alertando de la “subida desproporcionada” del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y de la energía, y reclaman también rebajas fiscales para amortiguar el impacto en el campo valenciano.

El conseller insiste en que la respuesta debe ser “un plan integral” que abarque carburantes, fertilizantes y otros productos “que también se nutren fundamentalmente de productos derivados del petróleo” y que se han encarecido al calor de la inestabilidad geopolítica.

“Ha de ser una solución no solo para el uso del tractor o del barco, sino también para el resto de componentes que utilizan nuestros trabajadores del campo”, sostiene. Según datos que maneja la Generalitat, solo en los primeros días del conflicto la provincia de Alicante ya habría soportado varios millones de euros adicionales de recaudación por impuestos ligados a los carburantes, una cifra que Barrachina considera “insostenible” para el sector.

Persecución en el Mediterráneo

La escalada de costes coincide, en el caso de la pesca, con un marco regulatorio que el conseller tacha de “caprichoso” y “radical”. “Ahora tienen 140 días, que nos parece muy poco, que los arrastreros sigan teniendo 140 días; lo correcto sería que pudiesen faenar como ellos reclaman entre 170 o 180 días”, explica. A su juicio, “ha habido una y sigue habiendo una persecución al pescador extraordinaria, pero solo al pescador del Mediterráneo español, no al pescador del Mediterráneo marroquí o argelino que tienen barra libre para pescar”.

Barrachina critica que el plan de control en el Mediterráneo aprobado por la Unión Europea, ya vencido, se siga aplicando con “dogmatismo” y sin tener en cuenta los datos de capturas reales que registra la propia Conselleria.

“De las 200 especies se elige la especie que ha tenido peor comportamiento y en base a eso actúas, incluso aunque tú no la pesques y aunque no tenga nada que ver contigo, eso es injusto”, señala, recordando que “hay algo más de pesca que antes” según los partes diarios de los 500 barcos valencianos. La combinación de más costes por el gasóleo y menos días de trabajo ha provocado, alerta, “un abandono masivo” del sector: “Todo el mundo quiere vender el barco”.

El conseller reclama que la pesca deje de estar sometida a decisiones anuales imprevisibles en Bruselas que, asegura, mantienen al sector con una “espada de Damocles” sobre la cabeza. “No pueden reunirse en diciembre y decidir que en el mes de enero, como anunciaron, solo se iba a poder pescar 9 días al año; eso era una broma tan de mal gusto que finalmente fueron 140 días”, denuncia.

A su juicio, “los aumentos han de ser con plazos quinquenales o decenales” y los cambios de esfuerzo pesquero “no pueden pasar de 140 a 9 días” de un año para otro, sino que deben fijarse “con un porcentaje razonable y con ciencia y no ocurrencia”.