Año negro para el Tajo‑Segura: así golpean al regadío alicantino las sentencias del TS y los caudales ecológicos

Durante décadas, el trasvase Tajo-Segura ha sido la fuente que ha permitido a la provincia de Alicante (junto a Almería y Murcia) denominarse la "huerta de Europa". Sin embargo, el balance de este 2025 confirma lo que muchos agricultores temían: el grifo ya no depende de si llueve en la cabecera, sino de una arquitectura legal diseñada para reducir los envíos al mínimo histórico.

Se trata de un ejercicio muy adverso para las expectativas de los regantes marcado por sentencias del Tribunal Supremo que consolidan los caudales ecológicos del Tajo y por medidas del Gobierno que apuntalan recortes de agua para riego.

Para entender el pesimismo actual, hay que mirar a las decisiones adoptadas en los últimos años, sobre todo con los gobiernos de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar), pero también a los precedentes de Mariano Rajoy (PP).

Alicante, Murcia y Almería ratifican su estrategia común ante los recortes del trasvase Tajo-Segura

De la pasividad del gobierno del PP se pasó a la combatividad del gobierno socialista marcando una hoja de ruta centrada en el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, una medida que el sector agrario alicantino calificó desde el inicio como una decisión "política y no técnica".

A pesar de las masivas manifestaciones en Madrid y los constantes recursos de la Generalitat Valenciana, el trasvase entró en una fase de erosión constante. Los regantes de la Vega Baja y el Vinalopó aprendieron a vivir bajo la amenaza del "hachazo" de 105 hm3 anuales menos, confiando en que la justicia frenaría las pretensiones del Ministerio para la Transición Ecológica.

No obstante, 2025 ha sido el año de la asimilación de la derrota jurídica. Las sentencias del Tribunal Supremo dictadas esta primavera han sido demoledoras. La justicia no solo ha respaldado los caudales ecológicos en el Tajo, sino que ha invalidado la estrategia de "escalonamiento" que daba oxígeno a los regantes hasta 2027.

Sentencias judiciales

Las sentencias del Tribunal Supremo han ido cerrando, una a una, las puertas a las impugnaciones planteadas contra el Plan Hidrológico del Tajo 2022‑2027, que fija un incremento escalonado de los caudales ecológicos y reduce el agua potencialmente trasvasable hacia el Segura.

El Alto Tribunal ha desestimado recursos de comunidades como Murcia y la Comunitat Valenciana, consolidando la hoja de ruta que exige más agua circulando por el Tajo antes de autorizar derivaciones al Levante.

La aplicación inmediata de los caudales mínimos ha supuesto, de facto, que el agua se quede en el río para cumplir con los objetivos ambientales, priorizando el entorno natural sobre el uso económico.

Alicante y Murcia quieren "que el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura se convierta en una cuestión de Estado”

A esto se suma la modificación de las Reglas de Explotación con umbrales de reserva más exigentes en los embalses de Entrepeñas y Buendía; el sistema ha entrado en una parálisis técnica.

Para los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo‑Segura (Scrats), este encadenamiento de sentencias les deja “absolutamente indefensos”, a la espera de que se resuelva el recurso que aún mantienen vivo ante el Supremo.

Las instituciones y comunidades de regantes del Segura denuncian que el aumento de caudales ecológicos se ha aprobado sin una participación pública efectiva y con una fundamentación técnica que consideran insuficiente.

Falta de rigor

Alegan que los umbrales fijados en los tramos que afectan al trasvase son desproporcionadamente más elevados que en otros puntos del Tajo y que esa falta de rigor agrava la inseguridad de los usuarios del acuífero cedente.​

Alicante, Murcia y Almería han ratificado en 2025 una estrategia común para defender el trasvase y pedir que el debate no se convierta en una cuestión territorial, sino en un problema de Estado ligado a la agricultura, el empleo y la soberanía alimentaria.

Sin embargo, con las sentencias consolidando el plan del Tajo y el Gobierno decidido a ejecutar los caudales ecológicos, el año se cierra con unas expectativas claramente a la baja para los regantes alicantinos, que ven cómo el margen de maniobra se estrecha en todos los frentes institucionales.

Agua desalada

Alicante termina el año recibiendo agua de forma casi testimonial para riego, dependiendo más que nunca de unas desaladoras que, aunque necesarias, no cubren la demanda ni en volumen. Pero, sobre todo, que no hacen rentables sus cultivos por el alto precio que deben pagar, ya que la energía necesaria para producir agua aumenta exponencialmente sus gastos.

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La Generalitat Valenciana cifra que esta reducción de aportes implicaría la pérdida del 15,62% de la superficie de regadío actualmente dependiente del trasvase, lo que en la provincia de Alicante se traduce en una caída estimada de casi 61 millones de euros anuales en producción y en más de 1.700 empleos menos ligados al regadío.

Para 2026 las previsiones apuntan a tres ejes críticos: El coste de la luz y el agua con el trasvase bajo mínimos. Sin una subvención estatal agresiva al precio del kilovatio para riego, muchas explotaciones de cítricos dejarán de ser rentables.

El abandono de tierras, ya que si no se flexibilizan las reglas de explotación en el primer trimestre de 2026, miles de hectáreas en la Vega Baja podrían quedar en barbecho forzoso. Y por último, la guerra de precios: la falta de competitividad frente a mercados externos que no sufren estas restricciones hídricas pondrá a prueba la resiliencia de las cooperativas alicantinas.