Alicante y Murcia quieren "que el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura se convierta en una cuestión de Estado”

El salón de actos del Instituto de Ingeniería de España (IIES) de Madrid ha acogido, esta mañana, la jornada “El futuro del Trasvase Tajo-Segura. Adaptación y resiliencia”, una acción impulsada por la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante con la participación de expertos hídricos de toda España.

En la mesa redonda se han abordado cuestiones de actualidad como las medidas del Gobierno que reducirán al mínimo los  aportes del Trasvase Tajo-Segura y el impacto que el aumento de los caudales ecológicos y la prohibición de captación de recursos hídricos de masas de aguas subterráneas sobreexplotadas tendrá en los envíos de agua a Alicante, Murcia y Almería.

Inmaculada López, la directora de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, ha afirmado que “tenemos que conseguir que el debate sobre el Trasvase Tajo-Segura se convierta en una cuestión de Estado”. Este es el objetivo de esta jornada en Madrid, que el debate sobre los injustificados ataques que está sufriendo esta transferencia de agua salga del entorno más inmediato de Alicante y alcance una proyección nacional.

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Este debate alcanza una gran trascendencia después de conocer los datos del estudio Impacto socioeconómico del Trasvase Tajo-Segura en España (2024) realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que eleva la contribución de las actividades agrícolas vinculadas al acueducto hasta los 3.912 millones de euros en 2024, lo que representa el 0,25% del PIB nacional, y genera más de 102.894 empleos equivalentes a tiempo completo, el 0,48% del total en España. Con lo que el peso económico del trasvase es un 30 % mayor desde que se realizó la última actualización en 2020.

Entre otros expertos, han participado el director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas; el director del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la UA, Andrés Molina; el director del Máster en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos de la Universidad de Alcalá Alberto del Villar García; y el vicepresidente de la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), Francisco Flores.

Y como asistentes, destacó la presencia de la diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna; la directora general del Agua, Sabina Goretti; el director general del Agua de la Región de Murcia, José Sandoval Moreno; el subdirector general de Planificación e Infraestructuras de la Dirección General del Agua, José Vicente Benadero; los diputados nacionales César Sánchez, Maribel Sánchez y Joaquín Melgarejo; el senador por Almería, Jesús Caicedo; y una amplia representación de las instituciones y entidades vinculadas al sector de la agricultura.

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Caudales ecológicos

Francisco Cabezas, ha afirmado que “el Trasvase Tajo-Segura se encuentra en estos momentos en una situación particularmente crítica, sin precedentes en toda su historia por causas puramente artificiales, debidas a decisiones que se están adoptando y que comprometen la viabilidad de la infraestructura a medio y largo plazo".

"Es cierto que el cambio climático ha mermado, y puede mermar aún más en el futuro, las disponibilidades de agua en la cabecera del Tajo, pero esa posible merma, natural y futura, es inferior a la segura merma, artificial y actual, de las decisiones adoptadas por el Ministerio al proponer la reciente planificación hidrológica, y por el Gobierno al aceptarla y aprobarla”, ha añadido el director general de la Fundación.

Cabezas ha señalado que “las mermas previstas por decisiones de la Administración, sin una debida y bien fundamentada motivación que las justifique, se han estimado en unos 100 hm³/año, que serán directamente detraídos de los regadíos en la cuenca del Segura, agravando aún más su ya precaria situación".

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"Esta detracción anual es del orden de magnitud de la mitad del volumen total medio anual aplicado a los riegos, lo que da una idea del gravísimo impacto que ello supone para la economía del sureste de España y de todo el país. Esos impactos socioeconómicos, bien conocidos y advertidos por todos, han sido sorprendentemente ignorados en la planificación recientemente aprobada”.

Francisco Cabezas propone la creación de un programa nacional de caudales ecológicos consensuado para evitar tensiones futuras. Considera que los caudales ecológicos deben regirse por criterios objetivos y claros, y que la problemática actual del trasvase Tajo-Segura no reside en la reducción puntual de volúmenes, “sino en las futuras modificaciones de los caudales ecológicos”.

Por su parte, Andrés Molina “ha afirmado que el proceso de implantación de los caudales ecológicos en España continúa generando críticas y controversias, principalmente debido a su lentitud y a la falta de implementación completa en todas las demarcaciones hidrográficas. Pese a tratarse de una herramienta clave para preservar el buen estado ecológico de las masas de agua, su desarrollo ha sido desigual y, en ciertos casos, sin el respaldo de estudios técnicos actualizados".

"Los caudales ecológicos tienen como objetivo garantizar el equilibrio de los ecosistemas fluviales, compatibilizando la conservación de la biodiversidad con los usos del agua que sustentan actividades económicas de alto valor social y laboral. Por ello, su implantación debe ser proporcional y tener en cuenta tanto criterios ambientales como socioeconómicos”, señaló Molina.

Además, ha destacado que, en 2019, el Tribunal Supremo “instó a establecer caudales ecológicos en las masas de agua del río Tajo, al considerar que los contemplados en la planificación hidrológica anterior carecían de una base técnica homologable. En ningún momento el alto tribunal impuso unos valores concretos de caudal, como se le solicitó por el recurrente, sino que ordenó a la Administración fijarlos en función de criterios técnicos objetivos, sin prejuzgar si debían ser superiores o inferiores a que contenía el plan anulado”.

Y ha añadido que “en este contexto, la Confederación Hidrográfica del Tajo, bajo continuas presiones de colectivos ecologistas y del propio Gobierno de Castilla-La Mancha, terminó proponiendo una reducción de caudales que, a juicio de numerosas instituciones y usuarios, resulta claramente desproporcionada, y no está debidamente sustentada en estudios técnicos actualizados.

La propuesta se basó en datos del primer ciclo de planificación -claramente desactualizados-, y contempla volúmenes que implican una reducción estimada del 50 % de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura para riego en el Levante español. Una medida que supone un golpe definitivo al Trasvase Tajo-Segura, a sus usuarios, y al tejido socioeconómico de la región”.

Andrés Molina ha concluido que “ante esta situación, las comunidades autónomas afectadas, junto con los usuarios del trasvase y otras entidades como la Diputación de Alicante, se han visto obligadas a presentar recursos judiciales contra los caudales fijados en el Plan Hidrológico del Tajo (PHT). Aunque hasta ahora las sentencias no han invalidado dichos caudales, pese a haber acreditado importantes deficiencias en su tramitación, aún quedan pendientes varios recursos que aportan peritajes técnicos contundentes, con los que se pretende demostrar el carácter arbitrario e injustificado de los volúmenes de caudal ecológico establecidos”.

Es obvio que “la reducción del caudal del Trasvase Tajo-Segura, derivada de la aplicación de los nuevos caudales ecológicos y de la previsible modificación de la Regla de Explotación, no podrá ser compensada mediante medidas como la desalación o la reutilización del agua. Instituciones y agentes sociales del Levante alertan de que las repercusiones económicas y sociales podrían ser extraordinarias.

Además, la reducción del trasvase podría dar lugar a elevadas reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Estado, debido a los graves perjuicios causados a los usuarios del Trasvase, cuyos derechos están amparados por la legislación vigente”.

La transversalidad del agua

Alberto del Villar García, ha puesto de manifiesto que “el agua es un insumo transversal fundamental para todas las actividades productivas. Sin embargo, su productividad no es constante ni homogénea en todas las actividades y localizaciones. Esta cuestión adquiere especial relevancia en la Región de Murcia, donde la agricultura, altamente competitiva, impulsa un conjunto de actividades que aportan un elevado valor añadido a los productos agrarios. En esta región se ha desarrollado un ecosistema económico eficiente, capaz de multiplicar varias veces el valor generado por la actividad agraria, a través de bienes y servicios asociados a la producción”.

Del Villar ha añadido que “de promedio, cada hectómetro cúbico de agua destinado al regadío genera un retorno de entre 8,5 y 11 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB), considerando los efectos directos, indirectos e inducidos. De esta cantidad, aproximadamente 2 millones de euros corresponden al sector primario”.

Ha continuado diciendo que “si las medidas sobre los caudales del Tajo implicaran una reducción de los volúmenes de agua trasvasados, y no se aplicaran medidas correctoras, podría producirse una disminución de la actividad económica en la zona de entre 185 y 538 millones de euros anuales. Esto supondría una pérdida de empleo estimada entre 2.900 y 10.600 puestos de trabajo en todos los sectores, especialmente en la agricultura, la industria agroalimentaria y los servicios”.

La importancia de la planificación

Francisco Flores, ha analizado la importancia de la planificación hidrológica en la Ley de Aguas de 1985 y de cómo ésta debe ser el resultado del estudio de los sistemas de explotación de recursos (SER) con el que debería de haber justificado la asignación y reserva de recursos objeto de la planificación.

Sobre esta propuesta ha señalado que “a partir de ello se pone de manifiesto como el Plan Hidrológico del Tajo 2023 no ha analizado bien los SER y ha hecho mal la asignación de recursos perjudicando con ello a la Comunidad de Madrid, a los usuarios del ATS e incluso a los del Tajo”. En su intervención ha repasado la relación del acueducto “Tajo-Segura (ATS) con el concepto de aguas excedentarias y del continuado intento de reducir las aguas excedentarias desde su introducción en la Ley 52/80”.

Ha añadido que "la reducción de las aguas excedentarias, la elevación de los caudales mínimos ecológicos, la asignación de recursos y el incremento de los embalses mínimos tienen como objetivo “reducir los excedentes trasvasables”.

De hecho, si se analizan “las diferencias de los caudales mínimos ecológicos en tramos representativos en el Plan 2023 se puede apreciar como los tramos que afectan al Acueducto Tajo-Segura son desproporcionadamente más elevados. Los resultados ponen de manifiesto que a la definición de los caudales llamados ecológicos les falta de rigor”.