Un hombre ojea los carteles de venta de viviendas en el escaparate de una inmobiliaria

Un hombre ojea los carteles de venta de viviendas en el escaparate de una inmobiliaria ICAL

Economía

¿Por qué el PP derogará el decreto de "tanteo y retracto" del Botánico tras su fracaso para crear más vivienda pública?

El vendedor, particular o empresa, en varios supuestos estaba obligado a comunicar a la Generalitat su intención de vender un inmueble por si esta lo compraba.

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El PP de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana derogará junto a los Presupuestos de 2025 lo que considera "la expropiación encubierta que impuso el Botánico para las transmisiones singulares". Se trata del decreto de 2020, del entonces vicepresidente segundo de Ximo Puig (PSOE), Rubén Martínez Dalmau (Podemos) "para la ampliación de vivienda pública en la comunitat valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto".

La iniciativa que llegó incluso al Tribunal Constitucional por recurso del PP, supuso otorgar a la Generalitat Valenciana "los derechos de adquisición preferente" de viviendas "con preferencia a cualquier otra persona que estuviese interesada en la adquisición de ese bien, en las mismas condiciones ofertadas (precio, forma de pago, etc.)" en operaciones con casas de protección pública y determinadas viviendas, libres o protegidas en un área con necesidad de vivienda.

Con este decreto, la administración autonómica obligaba a "notificar a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo la intención de transmitir (normalmente vender) una vivienda de protección oficial de promoción pública a efectos de que la Generalitat Valenciana pueda ejercer los derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto) sobre esta transmisión". Lo que paralizó y atrasó miles de operaciones de compraventa entre particulares.

Según explicó ayer el portavoz de Vivienda del PP en las Cortes Valencianas, Nando Pastor, este decreto se derogará a través de una de las enmiendas a la ley de Acompañamiento para "cumplir con nuestro compromiso electoral de modificar el ideológico decreto ley de tanteo y retracto que imponía el derecho de expropiación de la administración". Esta enmienda, según ha indicado el diputado popular, “devuelve la regulación de los derechos de adquisición preferente de la administración a la regulación de 2004”.

Pastor explica que el decreto que aprobó el Botánico encubría un ataque directo a la propiedad privada y fue autoenmendado por el propio gobierno con una circular interpretativa de 2021 que reducía a la mínima expresión los supuestos de transmisiones singulares afectados por el derecho de adquisición preferente de la administración”.

Para el portavoz popular, "más allá de que apenas logró aumentar el parque de vivienda pública en la Comunitat Valenciana, lo que hizo fue generar una enorme inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario. Si la Generalitat ejercía ese derecho el vendedor particular de la vivienda nunca sabía cuándo podría cobrar porque la notaría le pedía un certificado que podía tardar dos o tres años".

El portavoz de Vivienda del PPCV, Nando Pastor.

El portavoz de Vivienda del PPCV, Nando Pastor.

La Conselleria tenía un plazo de 60 días desde el día siguiente a la notificación de intención de venta para comunicar su derecho a tanteo, pero los certificados podían tardar mucho más, lo que incidía en esa inseguridad jurídica que también denunciaron los promotores.

Sin embargo, después de este decreto y hasta el final de la legislatura la Comunitat solo amplió su parque de vivienda pública en 1.700 pisos, de los que menos de 1.000 se ajustaron a este procedimiento. En ese momento había más de 3 millones de viviendas registradas en la Comunitat Valenciana.

Nando Pastor recuerda que "el decreto del Botànic fue recurrido en su momento por el PP y por los promotores valencianos, y cuestionado por una amplia mayoría de los operadores del tráfico inmobiliario". Ahora,"lo que siempre fue un derecho garantizado por ley, recupera de nuevo el rango normativo que nunca debió perder", subraya.

Además, incide en las medidas implementadas por su gobierno para aumentar el parque público de vivienda y para ayudar a los jóvenes a su adquisición, como por ejemplo los avales del IVF.