Desde el Palau de la Generalitat se ha enviado una misiva al Consejo de Estado, con fecha 2 de enero, para poder alegar contra la revisión del plan hidrológico que afecta al trasvase Tajo-Segura. 

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En el escrito firmado por el president Ximo Puig y dirigido a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valero Cordero, el líder del Ejecutivo valenciano dice tener constancia de que el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de, entre otras, del Segura y del Tajo, ha sido remitido al Consejo de Estado.

Por ello, le solicita que le "conceda audiencia a la Comunidad Autónoma Valenciana, en la condición de Administración interesada en el citado proyecto normativo, a los efectos de poder efectuar alegaciones al mismo". 

En la carta también reclama el líder del PSPV-PSOE valenciano tener acceso al expediente, "de conformidad con lo que establece el artículo 125.2 del citado Reglamento Orgánico del Consejo de Estado. 

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Se trata del último movimiento del Gobierno valenciano para respaldar a los regantes alicantinos en unas exigencias por las que han reclamado a la titular del ministerio de Transición Ecológica que rectifique y mantenga el precio del agua desalada.

Según defiende la Generalitat Valenciana, el proyecto normativo que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre incluía una disposición adicional novena para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, por lo que cualquier modificación o supresión de la misma en el último borrador de decreto ley que ya tiene el Consejo de Estado encontrará "el más firme rechazo" del Gobierno valenciano.

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El president Ximo Puig insiste en recalcar que el acuerdo que se alcanzó en ese Consejo Nacional del Agua era "razonable", pues simplemente exigían que en 2025 se pudiera actualizar la decisión sobre el trasvase en función del estado del Tajo.

Puig ha insistido en que ese acuerdo "no tiene nada que ver con ningún tipo de patrioterismo del agua ni enfrentamiento del agua", sino que se trata de actuar de forma "racional" para garantizar el agua que genera miles de puestos de trabajo en Alicante y la zona mediterránea, "además sin atentar frente a ningún derecho de nadie", concluye.