En menos de un lustro, el colectivo de aparadoras de la provincia de Alicante -encargadas de coser el zapato- ha pasado de salir del ostracismo al que les condenaba pertenecer a la economía sumergida del calzado, a reclamar toda una serie de derechos laborales con efectos retroactivos. 

Tanto es así que, empoderadas, acudieron este verano al Ministerio de Trabajo para hacerles entrega de casi 50.000 firmas recogidas en la plataforma Change.org para que la Seguridad Social les reconozca los años que no cotizaron por no haber sido dadas de alta. 

La petición la ha venido defendiendo la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche, ciudad, junto a otras de la provincia como Villena, Elda, Monóvar u Orihuela, donde han venido desarrollando su trabajo clandestino en sus casas y talleres tanto legales como ilegales. Se estima, según cifras de 2020, que en Alicante provincia existen unos 130.000 trabajadores irregulares del sector industrial, agrícola y, cada vez más, de servicios. 

La reclamación no es baladí porque, como sostiene la presidenta de la asociación ilicitana, Isabel Matute, ha trabajado 50 años haciendo zapatos y solo ha cotizado 5. Su perfil se repite entre las aparadoras que han ido alzando la voz sobre un trabajo exclusivamente feminizado.

Las aparadoras, en Madrid este verano.

Muchas de ellas han visto como, al final de su vida laboral, se han quedado sin derecho ni a paro ni a jubilación tras haber realizado jornadas de hasta 11 horas de las que, en algunos casos, les ha dejado secuelas físicas por la que la Seguridad Social no puede hacerse cargo sin existir una relación contractual. 

De la reunión con el Ministerio de Trabajo y de Economía Social afirman que salieron "esperanzadas" puesto que fueron escuchadas pero ¿realmente es posible que estas aparadoras puedan recuperar los años cotizados perdidos y con ello, todos los derechos laborales? 

Posicionamiento de empresarios

Según la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) es complicado puesto que haría falta que la empleada acreditara el tiempo que ha trabajado en negro. "Y, ¿cómo acreditar algo que no existe, con los sobres que te han dado?", se pregunta la presidenta ejecutiva de AVECAL, Marian Cano. 

La representante empresarial desliza a su vez una de las claves para que las aparadoras consigan recuperar sus derechos, la denuncia. "Nuestro posicionamiento es claro, siempre hay que estar con la legalidad y siempre invitamos a denunciar las actuaciones contrarias a la ley", porque al final "la economía sumergida acaba siendo competencia desleal para el resto de empresarios", sostiene. 

Asimismo, Cano defiende que "muchos empresarios cumplen con la legalidad y al final esto es algo en debemos cumplir todos, empresarios y trabajadoras". Porque, si bien esto no algo que haya afirmado AVECAL, lo cierto es que entre empresarios sí que se ha criticado que en determinadas ocasiones, a las aparadoras tampoco les ha interesado cotizar para tener un sueldo más abultado. 

La Seguridad Social

En cambio, fuentes de la Seguridad Social de Alicante creen que sí que es viable y ponen como ejemplo la sentencia que ha reconocido a los riders como falsos autónomos. ¿Cómo demostrar entonces un trabajo legalmente invisible? Responden que haría falta contar con pruebas testificales como las de exempleados, por ejemplo. 

Sin embargo, estas mismas fuentes recuerdan que, para llegar a cobrar la pensión mínima, basta con 15 años cotizados, por lo que no sería necesario demostrar más tiempo. Y teniendo en cuenta que la mayoría de las aparadoras sí han cotizado unos años al menos tras su paso por talleres, podrían demostrar el resto ante una Justicia cada vez más proclive a estas causas. 

Así, llegamos a casos recientes como el de Monóvar, donde seis aparadoras pudieron demostrar haber trabajado en negro al menos un mes para un empresario que finalmente ha sido condenado a seis meses de cárcel.