¿Qué está por encima en la pandemia, la norma establecida a última hora en una situación cambiante o la responsabilidad individual para proteger la salud propia y ajena? Esta es la cuestión de fondo de un asunto que ha sacudido a la Universidad de Alicante (UA) en las últimas fechas, tras detectarse que un profesor realizó un examen online pese a que el Ministerio, la Conselleria de Sanidad y la de Universidades de la Comunidad Valenciana han decretado la presencialidad.

Los hechos se produjeron a principios de semana, antes de un examen fijado en la asignatura de Turismo por el profesor Eloy Caballero para el día 11 de enero. Ante la alta incidencia de Covid-19 en la clase y las quejas de los alumnos donde se debía realizar el examen, el profesor decidió por su cuenta y riesgo volver al protocolo del año pasado y realizarlo online.

Hoy mismo los responsables de la UA se han reunido para "estudiar medidas contra esa decisión, para lo que ha pedido un informe", concreta el vicerrector de Estudios, Francisco Torres. La principal preocupación de la institución alicantina es "que se pueda trasladar la imagen de que la UA no es un lugar seguro para realizar exámenes".

Por otro lado, la norma decretada por las Consellerias de Sanidad y Universidades, de que la educación debe volver a la presencialidad. Algo que deben hacer cumplir las instituciones académicas. No obstante, Torres recuerda que no ha habido quejas ni de alumnos ni de otros profesores, lo que diluye la posibilidad de medidas disciplinarias.

Los argumentos

El profesor Eloy Caballero reconoce que incumplió una orden dada por el decano, quien le escribió previamente al examen para recordarle la norma general: las instrucciones recibidas de los vicerrectorados competentes de nuestra universidad indican que, durante el curso 21-22, la actividad académica es presencial".

El profesor contestó esta orden con un escrito lleno de argumentos que no fue respondido por el decano, por lo que entendió que se trataba de un caso de "silencio administrativo": "He tomado una decisión en conciencia. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual y la realidad concreta del grupo al que debo examinar. Por otra parte, he establecido todos los mecanismos para que, de igual modo que en convocatorias anteriores, la prueba pueda ser objetiva y válida".

Caballero recuerda que el año pasado los exámenes fueron, por protocolo, online. Y que la UA está preparada para realizarlos con todas las garantía "como recordó la propia rectora, han venido para quedarse". "No soy negacionista, pero tampoco afirmacionista. La pandemia no se ha terminado porque lo digan los políticos", argumenta.

Alegó que "son muchos los alumnos que no viven solos y que tienen familiares" para los que podría ser un innecesario "riesgo" la presencialidad. También que las UCI están riesgo de ocupación extremo. Que uno de cada tres ingresos en la UCI termina teniendo un desenlace fatal. Que las aulas de nuestra universidad no se disponen de medidores de CO2 ni de filtros HEPA.

Además, que la variante Omicron es mucho más contagiosa. Que a juicio de la mayoría de expertos médicos todavía esta por investigar si la variante Omicron puede provocar el ya bautizado como Covid persistente.Que la mascarilla quirúrgica que se les exige a los alumnos no protege contra esta variante dominante. Y que la Universidad desarrollando los exámenes en interiores no exige certificado COVID ni test de antígenos, entre otras cosas.

¿Responsabilidad individual y conciencia o el estricto cumplimiento de la última norma decretada (y a veces contradictoria con las anteriores) por las autoridades sanitarias? El debate está servido.