À Punt cierra 2022 con beneficios de 1,4 millones de euros. Así lo recoge el consejo rector en la aprobación de las cuentas del grupo en las que destacan la subvención de 70,6 millones de la Generalitat y el conflicto sobre la repercusión del IVA por 10,4 millones. La cadena pública de la Comunidad Valenciana recuerda que este tema está en litigio a través de la federación de organismos de radio y televisión autonómicos con la Agencia Tributaria.

La cuenta de resultados consolidados de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y las consolidadas del grupo daría un beneficio de 1.415.829 euros, exactamente. En estas cuentas se tiene en cuenta la subvención de los 70.608.600 de euros de la Generalitat para la prestación del servicio público si la Agencia Tributaria (AEAT) no hubiera cambiado el criterio de deducción del IVA, como explican a través de un comunicado.

En este ejercicio, la repercusión de este impuesto ha sido de 10.447.106 de euros, incluyendo parte de los posibles intereses de ejercicios anteriores. El resultado consolidado aprobado por el Consell Rector es de -79.639.876 de euros, de los que se tiene que descontar esa cantidad aportada por la Generalitat Valenciana de 70.608.600.

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En este conflicto pendiente judicialmente la corporación recuerda que la AEAT no ha mantenido siempre los mismos criterios respecto de la deducibilidad del IVA soportado por todos los medios de comunicación públicos autonómicos de España y RTVE. De hecho, cuando llevó a cabo la inspección del IVA a la CVMC y la SAMC de los ejercicios 2017 y 2018, dio la razón al ente público al considerar deducible el IVA soportado. Posteriormente, la misma agencia cuestionó el derecho al 100 % de la deducción.

Según la AEAT, el impacto total de las regularizaciones practicadas por la Inspección en la CVMC y la SAMC relativa a los ejercicios del 2016 a enero del 2022 asciende a 41.671.402 de euros. El ente público, no conforme con estos acuerdos de liquidación, interpuso reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunitat Valenciana, las cuales se encuentran actualmente pendientes de resolución.

Y en ese punto, el comunicado resalta que la inspección consideró que no existen indicios de la comisión de ninguna infracción tributaria. De ahí que no se iniciara procedimiento sancionador contra las entidades. Todas las radiotelevisiones públicas de España, incluida RTVE, se enfrentan a la misma situación, que ha derivado en regularizaciones similares a las practicadas a la radiotelevisión valenciana.

Las "mayores obligaciones"

En el caso de À Punt, en el artículo 52 de las Leyes de Presupuestos de los años 2021 y 2022 se previó la asunción de "las mayores obligaciones tributarias sobrevenidas de la CVMC y de la SAMC". Esta previsión está recogida también en la cláusula cuarta del contrato programa entre la CVMC y el Consell de la Generalitat para los años 2021-2023.

La complejidad para encontrar un mecanismo financiero para llevar a cabo el artículo 52 ha generado problemas puntuales de tesorería, especialmente relevantes en la SAMC. Y ahí recalcan que en ningún caso un efecto imputable a la gestión interna ya que se aprueba cada año por los diferentes órganos de fiscalización. De hecho, otras televisiones autonómicas han afrontado la situación con un aumento de su presupuesto por parte de la Administración.

En estos momentos, el conflicto de los operadores públicos de radiotelevisión con la AEAT se encuentra todavía en vía judicial, a la espera de la resolución de los recursos planteados por las entidades afectadas. La FORTA defiende en este litigio los intereses de las televisiones autonómicas, incluida la valenciana.