Dependencias de la Policía Local de Villajoyosa.

Dependencias de la Policía Local de Villajoyosa.

Benidorm

CCOO denuncia que el Ayuntamiento de La Vila instala cámaras con micrófonos en las dependencias Policía Local

El sindicato exige el cese inmediato de las compras "a hechos consumados" tras detectar un sistema de videovigilancia y audio y amenaza con acudir a la Inspección de Trabajo mientras los agentes dudan de los mandos que lo controlan.

Más información: Escalada entre los mandos de la Policía Local y Protección Civil en Villajoyosa: citan también al exjefe de los voluntarios

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La crisis interna que arrastra la Policía Local de Villajoyosa desde hace meses ha alcanzado un nuevo hito. Tras un largo historial de polémicas por supuestos tratos de favor que incluso han sido judicializados, escasez de plantilla y denuncias por acoso, el cuerpo policial afronta ahora un clima de máxima sospecha laboral. La mecha se ha vuelto a encender tras confirmarse la instalación de un sistema de videovigilancia interna que, según denuncian los agentes, incluye dispositivos de grabación no solo de vídeo, sino también de audio instalados en el interior de las dependencias policiales.

La indignación en la plantilla es notable. Los agentes alertan de que estos aparatos están siendo presuntamente monitorizados y controlados de forma directa por dos oficiales del cuerpo -los mismos señalados por las recientes denuncias en el entorno de Protección Civil—. La presencia de micrófonos ambientales ha disparado las alarmas ante lo que los policías consideran una flagrante intromisión en su derecho constitucional a la intimidad y una violación del marco del control laboral.

Ante la gravedad de los hechos, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha registrado un duro escrito dirigido formalmente al alcalde de la localidad, Marcos Zaragoza (PP). En el documento oficial firmado el pasado 21 de mayo por el delegado sindical Israel Rodrigo, CCOO denuncia que el Ayuntamiento de Villajoyosa lleva meses adquiriendo de forma sistemática material técnico, vehículos y sistemas de videovigilancia para la Policía Local obviando el preceptivo trámite de consulta previa y participación con los representantes de los trabajadores.

El sindicato sostiene que esta práctica vulnera directamente los artículos 18 y 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el Real Decreto 1215/1997. Según recoge el texto jurídico, la normativa obliga a la administración a consultar con antelación la implantación de nuevas tecnologías por su impacto en el entorno laboral.

Amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, CCOO recalca que estas consultas deben ser previas y efectivas, y no una mera notificación de "hechos consumados" una vez que el material ya ha sido instalado. Por todo ello, la central sindical ha exigido formalmente por registro tres medidas inmediatas.

Por un lado, el cese fulminante de la adquisición de material y contratación de servicios vinculados a la actividad policial sin las consultas previas obligatorias. También, el acceso inmediato al expediente de compra de todo el material técnico adquirido en el último año y medio para verificar los certificados de seguridad. Y además, un protocolo de comunicación vinculante para futuras licitaciones.

De no revertirse estas prácticas de inmediato, CCOO ha advertido de que iniciará acciones legales ante la Inspección de Trabajo.

Este nuevo escándalo que ha desatado el malestar de los agentes no es un hecho aislado. Viene a sumarse a una larga lista de conflictos que retratan un cuerpo de seguridad municipal en una situación de "crisis interna sin precedentes". Ha habido nombramientos bajo sospecha incluso judicial que han salpicado al propio alcalde, Marcos Zaragoza, que llegó a declarar en calidad de investigado en los juzgados por supuestos "enchufes" y nombramientos irregulares dentro de la cúpula de la Policía Local.

EL ESPAÑOL destapó que el consistorio mantuvo como inspector de forma "interina" a un oficial de la plantilla que había suspendido de forma flagrante el examen selectivo para dicha plaza, en un proceso ratificado en contra del implicado por el Tribunal Supremo tras rechazar sus recursos.

También, acusaciones de acoso y revelación de secretos, así como las denuncias judiciales por presunto mobbing (acoso laboral) y revelación de secretos -tras descubrirse que un mando aportó presuntos pantallazos de un grupo de WhatsApp privado de los agentes para expedientarlos- .

A este enrarecido clima laboral y judicial se añade una grave carencia de efectivos. La plantilla apenas cuenta con medio centenar de agentes de carrera en activo -unos 25 menos de los que la propia policía estima necesarios para cubrir con seguridad el municipio- mientras la estructura jerárquica sobrevive repleta de puestos cubiertos de forma interina o accidental. En plena tormenta de vacantes, el Gobierno municipal llegó a levantar ampollas entre el funcionariado tras tramitar la amortización de una plaza de técnico de biblioteca para transformarla en una plaza de Intendente.

Además, está la guerra abierta con Protección Civil. Los dos mandos policiales que presuntamente operan el nuevo y polémico sistema de videovigilancia y audios protagonizaron una agria disputa que incluso llegó a los juzgados contra los jefes del voluntariado de Protección Civil de la localidad. Demandaron por vía civil al exresponsable de Protección Civil, Sergio Lloret, exigiéndole 6.000 euros de indemnización por daños a su honor.

Aquella demanda se produjo después de que el jefe de los voluntarios dimitiera denunciando ante el consistorio el "trato déspota", las "faltas de respeto" y el boicot operativo al que, presuntamente, los mandos policiales sometían al colectivo de emergencias.