Los vecinos de la vivienda protegida de Alicante niegan el beneficio por la ley de Mazón: "No podíamos adherirnos"

Son la urbanización más conocida de España. Les Naus, en la Playa de San Juan, ha provocado ya dimisiones y suspensiones de políticos del Partido Popular por la adjudicación de sus viviendas de protección pública. A través de un representante vecinal niegan haberse beneficiado del cambio de ley impulsado por Mazón: "No podíamos adherirnos".

Este tipo de viviendas están reguladas por la Generalitat y el Ayuntamiento correspondiente. En el centro de la polémica en Alicante está si se han concedido a personas que superaban la renta máxima y si se ha hecho para revenderlas en el mercado libre al doble de precio pagado.

Según explican desde la asociación Juntos Avanzamos, la realidad de sus contratos les sitúa fuera del marco del decreto aprobado a finales de 2024 por el Consell de Carlos Mazón. "Nuestra promoción está adherida al reglamento de 2023 aprobado por Héctor Illueca", afirma de forma tajante un portavoz, refiriéndose a la normativa del anterior gobierno del Botànic.

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La cronología de los hechos es la clave en su defensa. Mientras que el nuevo reglamento entró en vigor en diciembre de 2024, los vecinos aseguran que ya en octubre de ese mismo año recibieron comunicaciones oficiales de la gestora advirtiéndoles de que no podrían acogerse a la nueva norma.

"Revisando los contratos visados y los correos de la promotora, queríamos ver si podíamos adherirnos al nuevo reglamento o seguir con el anterior", explica el representante. Al haberse iniciado los trámites en 2022 y 2023, la normativa aplicable quedó fijada de antemano.

Uno de los puntos más polémicos ha sido el límite de ingresos para acceder a estas viviendas. El portavoz aclara que "el límite de 6,5 veces el IPREM se mantiene igual en todos los reglamentos". La diferencia técnica radicaba en el cómputo de las pagas anuales.

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"Con la actualización del reglamento, en vez de contabilizarse 12 pagas, se contabilizaban 14", detalla la fuente vecinal. Para ellos, la narrativa de que la ley se cambió para favorecerles es "totalmente falsa y errada".

El colectivo vecinal lamenta que se haya difundido la idea de que gracias a la remodelación de 2024 han podido entrar en la promoción. "Eso es lo que parece que la gente no quiere escuchar o leer", critica el portavoz con resignación.

Respecto a las informaciones que sugieren que no cumplieron con los requisitos de inscripción, la asociación es rotunda. "Tuvimos que darnos de alta como demandantes de vivienda en la Generalitat; tengo los justificantes y correos de la cooperativa con las instrucciones para hacerlo", asegura el representante ante las dudas vertidas en medios nacionales.

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La situación ha escalado más allá de lo administrativo, derivando en un conflicto social que ha afectado a la convivencia. Tras la publicación de informaciones que acusaban a los propietarios de vender a precio de renta libre, la urbanización sufrió ataques vandálicos.

"No estamos especulando"

"Pensamos que durante el fin de semana podríamos tener una escalada de tensión", confiesa el portavoz. De hecho, en el encuentro reducido ante los medios a los que acudió esta cabecera ya avanzaron de que habían acelerado la contratación de vigilancia privada. Esa misma noche recibieron el atanque vandálico de las pintadas. Ahora, pagando ya para que alguien cuide de sus hogares sienten que pueden de nuevo "dormir con tranquilidad".

Sobre las supuestas ventas irregulares con pagos en B, los vecinos no ocultan su malestar. "Es una realidad que se publicaron anuncios pidiendo una parte en negro; eso es lo que nos hace daño a los vecinos normales, porque aquí no estamos especulando", denuncian desde la asociación.

El representante insiste en que la protección de sus viviendas es de 30 años y que cualquier venta debe ser autorizada por la Conselleria al precio tasado. "Somos personas de a pie, con hipotecas de muchos miles de euros, que no tenemos una vida pública", recuerda para pedir solidaridad.

Finalmente, critican el uso político del conflicto y el sentimiento de "odio infundado" que perciben en redes sociales. "Un titular agresivo genera una tensión provocada por quienes no leen la noticia completa", concluye el portavoz, quien lamenta que algunos partidos políticos no condenaran los ataques a sus hogares.