La edil Mari Carmen de España, en imagen de archivo. Ayuntamiento de Alicante
Fiscalía pide procesar a una edil de Alicante por presunta prevaricación en obras del Centro de Inteligencia del Agua
Los hechos se circunscriben a la autorización concedida para la realización de unas obras en el edificio municipal ubicado en la calle Italia de Alicante.
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La Fiscalía Anticorrupción pide el procesamiento de la edil de Empleo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, por un presunto delito de prevaricación urbanística en relación con las obras del Centro de Inteligencia del Agua.
Según consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público solicita la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado respecto de la edil y del director gerente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (ALDES), Manuel Juan Amorós, como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística.
Los hechos se circunscriben a la autorización concedida para la realización de unas obras -cuestionadas en su momento por el PSPV- en el edificio municipal ubicado en la calle Italia número 21 de Alicante.
La Fiscalía entiende que los hechos investigados serían constitutivos de infracción penal respecto de De España y Amorós, quienes intervinieron en los actos más importantes y precipitaron la aprobación, por la Junta de Gobierno Local celebrada en julio de 2023, de un proyecto constructivo.
Este "vulnera las normas de ordenación urbanística aplicables, y sin que esta ilegalidad, o su represión o reparación, sea competencia del orden contencioso administrativo", estima.
A su juicio, existió una "voluntad política predeterminada", encarnada en De España, que era la de instalar el Centro de Inteligencia del Agua, de Aguas Municipalizadas, en la edificación de titularidad municipal de la calle Italia.
"Y ello aunque para conseguirlo fuera necesario vulnerar la ley, y sin que el técnico que emitió los informes preceptivos reparara, como era su obligación, en el comportamiento del responsable político", considera el ministerio público.
La empresa adjudicataria, agrega el fiscal, comenzó a ejecutar las obras a mediados o finales del mes de abril de 2023 sin título habilitante, "extremo que era conocido por todas las partes implicadas dado que era público y notorio".
"De ello quedó constancia en el expediente a través de las tres primeras certificaciones de obra y por la singular acta de replanteo", expone.
