El despido de seis trabajadores subcontratados en el Teatro Principal de Alicante (azafatas y montadores) no sólo está revelando las condiciones laborales los empleados en un coliseo propiedad de una "comunidad de bienes" con dos administraciones implicadas. También, la opacidad con la que se está gestionando todo lo relativo al coliseo por los enfrentamientos entre instituciones.

La subdirectora y máxima responsable del Teatro, María Dolores Padilla, a raíz de las denuncias de los trabajadores subcontratados por las de las empresas Go Group Madrid Staff and Events SL, y Roi Plus outsourcing & sales SL, aseguró el martes a este diario que sí hay un contrato con la empresa proveedora de trabajadores para montaje y la sala pero que no se necesitó de un procedimiento administrativo para firmarlo ni está en ninguna plataforma de transparencia porque el Principal es una empresa mixta.

Desde el Sindicato Independiente que defiende a los trabajadores despedidos, niegan la mayor. El abogado Rafael Ramos, que ha pedido ese contrato y que no se lo han facilitado, asegura que Padilla habría tenido que realizar una procedimiento administrativo para contratar a estas empresas en diciembre de 2019 (en el momento en que Expertus dejó de trabajar para el Teatro). Un procedimiento como el del sector público abierto, con publicidad y todas las garantías de la Ley de Contratos del Sector Público.

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Y es que desde la entrada de la Generalitat en diciembre de 2018 en la propiedad del teatro, la participación de las entidades públicas en la "comunidad de bienes" (Ayuntamiento y Generalitat, el 66%) supera el 50% y por tanto el teatro debe regirse por la Ley de Contratos del Sector Público modificada en 2017. No en vano, el Banco de Sabadell tan sólo tiene ya un 33% de la propiedad.

Es más, si como aparece reflejado en la sección de "transparencia" de la web del teatro para el último ejercicio se presupuestó la cifra de 180.000 euros en concepto de "otros servicios" que incluían las azafatas y carga y descarga o escenario, razón de más para que ese contrato hubiese salido a licitación pública. 

En el trasfondo de la situación se halla el enfrentamiento entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante a la hora de gestionar el coliseo. La Generalitat quiere adquirir la parte municipal del coliseo y por su parte, el Ayuntamiento quiere comprar su parte de la Generalitat.

Ambas instituciones gobernadas por bloques ideológicos diferentes quieren el control del teatro con distintos fines. La Generalitat, desde la izquierda, pone el foco de atención en la lengua y las producciones propias mientras que el Ayuntamiento, gobernado por la derecha, pone el foco en una programación abierta, comercial y rentable.

Sea como fuere, estos enfrentamientos están dejando al margen los verdaderos problemas de gestión del coliseo alicantino como un teatro de carácter público.