La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de denunciar al Gobierno de España ante el Tribunal Supremo por los criterios de reparto de ayudas europeas puede tener un eco directo en la provincia de Alicante. El Ayuntamiento de la capital, la segunda mayor ciudad de la Comunidad Valenciana, ha sido excluido ya de dos convocatorias (una de turismo y otra de comercio) por motivos que el equipo de Gobierno considera "injustos y arbitrarios". En total se han dejado de recibir unos 7 millones de euros.

El concejal de Coordinación de Proyectos de Alicante, Antonio Peral, envió esta semana un comunicado en el que acusaba directamente al Ejecutivo central de "primar" a los municipios de su mismo color político: "Este reparto de ayudas tiene un claro sesgo político, que prima a los ayuntamientos del mismo color del Gobierno, sin tener en cuenta el esfuerzo y la dificultad en preparar los proyectos, así como el coste asumido para poder acceder a la financiación necesaria para llevarlos a cabo". 

En este sentido, el recurso de Ayuso refuerza la tesis defendida por el bipartito (PP y Cs) que gobierna en Alicante, y abre una puerta a una reclamación posterior en caso de que el Supremo falle en contra del Gobierno. "En función de cómo se resuelva el recurso y si se verifica que ha habido discrecionalidad o parcialidad a la hora de dar o quitar, iremos a los tribunales", confirmaron a El Español fuentes del equipo de Gobierno.

"Los proyectos presentados por Alicante reunían todos los requisitos del Ministerio y han supuesto muchas horas de trabajo y esfuerzo por parte de los técnicos municipales de un municipio turístico y comercial como es Alicante", insistieron las mismas fuentes.

De hecho, el Gobierno ha excluido a la capital de la convocatoria de comercio por no haber llegado a una valoración mínima de 50 puntos en sus proyectos. Lo curioso es que esta maniobra ha sido posible al no otorgarle ningún punto de los diez posibles en el apartado de financiación municipal, algo que desde el equipo de Gobierno calificaron de "absurdo".  

Peral también criticó la "opacidad" a la hora de establecer el baremo de puntuaciones, porque, más allá del rechazo formal a las peticiones, no existe una interlocución real entre el Ejecutivo y los municipios. 

El PSOE de Alicante defiende la decisión

Por su parte, el portavoz socialista en el consistorio alicantino, Francesc Sanguino, indicó que afirmó que procedimiento de instrucción y resolución de los fondos europeos destinados a ayudas al comercio y el turismo "cumple escrupulosamente con la legislación nacional que regula la concesión de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva".