El 30 de abril de 2020, en pleno inicio de la pandemia, los votos de Vox sirvieron para que izquierda alicantina forzase la creación de una "Comisión municipal de investigación con el fin de esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido del sumario del caso Brugal que investiga el presunto amaño del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alicante".

Una vez conocida la sentencia del "caso Brugal PGOU" poco más se puede analizar. Las magistradas de la Audiencia Provincial sólo han condenado a dos delitos de cohecho impropio -con escasa condena- al exalcalde Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz. Y otro, ya prescrito a la exalcaldesa Sonia Castedo por recibir una chaqueta. Por eso el PP lleva hoy a pleno la disolución de la comisión.

Con el cierre de una comisión que no ha llegado a reunirse los populares acaba de una vez por todas con el "relato" de la izquierda sobre su supuesta corrupción en tiempos de Alperi y Castedo. Un relato político que ya quedó maltrecho tras las elecciones de mayo de 2019 cuando el actual alcalde, Luis Barcala, ganó los comicios aumentando el número y porcentaje de votos respecto a 2015. 

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ya prepara el recurso de casación para que se revise esa sentencia. Y desde el Ayuntamiento, el equipo de Gobierno ya ha anunciado que no se adherirá por carecer de argumentos legales una vez que las magistradas han dictaminado que no se perjudicó el interés general de la ciudad.

Adiós al "sanbenito"

En este contexto, la izquierda no sabe cómo seguir estirando un chicle que le dio mucho rédito político en 2015 y que ahora se ha deshinchado. Y es que la propuesta de esa comisión de Compromís enmendada por el PSOE el año pasado, iba precedida de otra mucho más beligerante por parte de Podemos: una comisión para evaluar el coste para la ciudad del "amaño" del PGOU. Un amaño que las jueces han desestimado.

Compromís ha intentado llevar a pleno una moción para que el Ayuntamiento recurriese la sentencia que el secretario municipal ha advertido que no es oportuno, ya que el pleno no tiene competencias para ello. A los nacionalistas se les ha dado la oportunidad de presentar el mismo argumento como declaración institucional y no han querido.

Según su portavoz, Nacho Bellido, han retirado la moción "hasta conocer el informe exprés de asesoría jurídica municipal y, además, exigimos al PP que retire la moción que pide disolver la comisión creada en abril de 2020 con el objeto de establecer y depurar responsabilidades políticas y municipales derivadas del presunto amaño del PGOU”. 

Así, instarán al Gobierno municipal a convocar la comisión "en septiembre", pese a que antes se haya votado su disolución. Y lo hacen para "trabajar sobre un dictamen político, que valore las consecuencias de una manera de entender la política que nos ha llevado a seguir sin PGOU en la ciudad y a la ruina ética y económica del Ayuntamiento”.

No son los únicos. Podemos también ha anunciado que pedirá la reactivación de la comisón que previamente puede disolverse porque "el mayor escándalo político de la democracia en Alicante no puede quedar sin la depuración pertinente de las responsabilidades políticas que han tenido graves consecuencias en la realidad e imagen de nuestra ciudad".

EL PSOE de Sanguino, entre tanto, no dice nada ni de la personación del Ayuntamiento que se produjo en tiempos de su alcalde Gabriel Echávarri ni de la tan traída y llevada comisión de "depuración de responsabilidades". Unas responsabilidades políticas que se depuraron con la dimisión de Castedo y jurídicas, con la sentencia de la Audiencia Provincial.