Manuela Correas Muñoz, en una calle de El Verger, donde reside en un centro para personas mayores.
Un fondo americano echó de su casa a Manuela (70) con artrosis sin darle alternativa: "Estoy lejos de mi familia"
La mujer había firmado un alquiler social con el Banco Sabadell tras entregar el inmueble al banco para evitar la ejecución hipotecaria.
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Manuela, 70 años, sonríe al sentir el sol en su piel. Desde que está en una residencia para personas mayores en El Vergel, solo sale cuando un trabajador la pasea tras haber pedido permiso en recepción.
No eligió este sitio por su encanto, tampoco por su tranquilidad. Es más, Manuela no eligió estar ahora a más de una hora de su familia en Alicante porque no le dejaron elegir.
El pasado 25 de marzo tuvo que abandonar su casa de Alicante junto a su hija, su nieto de 20 años con un 65% de discapacidad y su nieta de apenas 6 meses de edad después de que un fondo de inversión estadounidense ejecutara el desahucio. La mujer, que padece artrosis avanzada, asegura que no recibió una alternativa habitacional antes de verse obligada a marcharse.
Manuela Correas Muñoz, en una calle de El Verger, donde reside en un centro para personas mayores.
“Estoy lejos de mi familia”, lamenta. La residencia se ha convertido en su nuevo hogar después de que no pudiera continuar viviendo en la vivienda en la que residía desde hacía años.
Según explica, el inmueble terminó en manos de un fondo tras una cadena de operaciones iniciada cuando ella y su hija tuvieron dificultades para hacer frente a la hipoteca durante la crisis económica.
De propietaria a inquilina
Manuela compró su casa en Alicante por unas 5.000.000 de pesetas, "recuerdo que dimos 500.000 pesetas de entrada", pero con el paso del tiempo la situación económica familiar se complicó.
Su hija, al igual que ella, trabajaba en mercadillos vendiendo ropa y complementos y los ingresos no eran suficientes para mantener el pago de la hipoteca.
Ante el riesgo de perder la vivienda, acudieron al Banco Sabadell y aceptaron entregar el inmueble a cambio de permanecer en él mediante un alquiler social.
![Activistas intentando frenar el desahucio este miércoles en Alicante.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11355133.jpg?p=w:320\/h:240&h=eZ0_dvLt"])
La operación les permitió evitar entonces la ejecución hipotecaria. En ese momento, Manuela dejó de ser propietaria, pero continuó viviendo en la casa y pagando una renta. Además, según su testimonio, el acuerdo incluía la posibilidad de volver a comprar la vivienda.
“Para evitar problemas, lo hicimos así”, explica. La mujer confiaba en poder continuar en su domicilio y, si las circunstancias económicas lo permitían, recuperar algún día la propiedad.
Sin embargo, la vivienda acabó siendo traspasada a un fondo de inversión americano y el contrato de alquiler social no se mantuvo.
Concretamente, el Banco Sabadell transfirió a sociedades vinculadas al fondo estadounidense Cerberus una cartera de inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias.
Entre ellos había viviendas habitadas por familias que habían entregado sus casas al banco y habían firmado contratos de alquiler social.
En manos de un fondo
El fondo que terminó controlando el inmueble de Manuela es Promontoria Coliseum Real Estate, una sociedad vinculada a Cerberus Capital Management.
Según la investigación del Sindicat de Vivenda de Carolines recogida por el diario El Salto y a las declaraciones de la agrupación a EL ESPAÑOL, estas viviendas fueron posteriormente comercializadas a través de otra inmobiliaria que había pertenecido al Banco Sabadell.
De este modo, la entidad dejó de ofrecer a las familias la continuidad de los contratos y las viviendas comenzaron a ponerse a la venta o a reclamar su desalojo. En el caso de Manuela, el proceso terminó con el lanzamiento de la mujer y su familia el pasado 25 de marzo.
La anciana afirma que durante todo este tiempo no recibió una solución que le permitiera continuar en su casa. La alternativa que le quedó fue trasladarse a una residencia, una opción que la ha alejado de su entorno y de sus familiares.
![Manuela sujeta el libro que está leyendo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11369010.jpg?h=MSFux7gx"])
Manuela sujeta el libro que está leyendo.
En primer lugar, estuvo un mes en una residencia de ancianos en Mutxamel, lugar del cual se tuvo que ir por falta de plazas. Finalmente, se trasladó a un centro en El Vergel, el cual, al colaborar con la Generalitat Valenciana en el ámbito social, permite a la mujer destinar 680 euros de su pensión de 900 en la cuota mensual.
"Aquí me tratan bien y ocupo mis días leyendo y hablando con compañeros, pero preferiría estar con mi familia", asegura, mientras enseña una novela de Carmen Mola que sostiene en las manos. "Me gustan mucho las novelas policiacas", confiesa con una sonrisa.
Una vida en mercadillos
Antes de instalarse en la residencia, Manuela llevaba décadas trabajando en los mercadillos de la provincia. Durante años recorrió distintas localidades para vender junto a comerciantes belgas y franceses. "Recuerdo con cariño el mercadillo de Torrevieja", asegura con una sonrisa.
Los miércoles acudía a Benidorm, después a El Campello y, más tarde, a Alicante. También trabajó en Campoamor, Torrevieja, Santa Pola y San Vicente del Raspeig. Su rutina estaba vinculada a los desplazamientos, los puestos y el contacto diario con otros vendedores y clientes.
“Me gustaba practicar el francés en el mercado con los belgas y los franceses”, relata. Manuela llegó a España con 11 años, después de haber pasado parte de su infancia en Francia, y desde entonces ha desarrollado prácticamente toda su vida en el país.
![Samira, en su casa con las cortinas puestas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11366661.jpg?p=w:320\/h:240&h=2eLCzAC8"])
Ahora, sin embargo, ya no puede mantener aquella actividad. La artrosis avanzada limita su movilidad y la expulsión de su vivienda ha añadido una ruptura a su situación personal, pues ha perdido el domicilio en el que residía y también la proximidad con su familia.
Mientras queda a la espera de su próxima operación en la pierna, no pierde la esperanza en volver a vivir algún día con su familia. "Hace años me apunté a la lista para tener una vivienda social, pero sigo a la espera", confiesa, mostrando su carácter previsor cuando ya estaba atravesando un gran periodo de incertidumbre acerca de su futuro en su piso.
Más hogares
El caso de Manuela no es aislado. De acuerdo con una investigación del sindicato de vivienda publicada por el diario El Salto, al menos 26 familias de Alicante habían acudido al Sindicat de Vivenda de Carolines tras recibir amenazas de desahucio por parte de Coliseum.
La mayoría de los hogares estaban formados por personas mayores, familias con hijos o personas con enfermedades crónicas o algún tipo de discapacidad.
![Exterior de la sede de Banco Sabadell](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11005428.jpg?p=w:320\/h:240&h=-4Dkfn4F"])
La venta de viviendas habitadas genera una situación especialmente difícil para quienes residen en ellas. Las familias no solo afrontan la pérdida de su hogar, sino también la dificultad de encontrar una alternativa en un mercado marcado por los precios elevados, los requisitos de acceso y la falta de alquileres asequibles.
En algunos casos, los afectados han intentado recomprar las viviendas para evitar el desahucio. Sin embargo, según el sindicato, las negociaciones se han encontrado con obstáculos y condiciones económicas difíciles de asumir.
“No quería acabar así”
Manuela asegura que nunca imaginó que terminaría viviendo en una residencia con solo 70 años después de haber trabajado durante décadas y de haber intentado mantener su casa.
La mujer no solo denuncia la pérdida de la vivienda, sino también la falta de una opción que le permitiera permanecer cerca de su entorno.
"A veces viene mi hija a verme pero es difícil porque tiene a su cargo a su hijo con discapacidad y no tiene mucho tiempo libre", lamenta.
Su historia resume el recorrido de muchas personas que, tras perder la propiedad de su casa durante la crisis económica, aceptaron un alquiler social para permanecer en ella y acabaron enfrentándose años después a un nuevo desalojo.
Para Manuela, la vivienda no era únicamente un inmueble. Era el lugar en el que había vivido, trabajado y construido su vida. El 25 de marzo, ese vínculo terminó por una decisión empresarial tomada a cientos de kilómetros de distancia.
