Un chalet okupado en Gata de Gorgos (Alicante), en imagen de archivo.

Un chalet okupado en Gata de Gorgos (Alicante), en imagen de archivo. Jorge Verdú

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El verano y el peligro de los okupas en segundas residencias: "Se dan cuenta cuando llegan a Alicante"

Cada periodo estival más propietarios descubren que han entrado en su vivienda vacacional en la provincia.

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Con la cuenta atrás del verano, miles de españoles con segunda residencia en la provincia de Alicante ya preparan sus vacaciones en el Mediterráneo, pero este descanso en la Costa Blanca puede verse perturbado al descubrir que su casa está habitada por okupas, un fenómeno que crece año tras año.

El parque inmobiliario de Alicante cuenta con un importante porcentaje de segundas residencias de personas que viven en Madrid o en el interior del país, las cuales se han convertido en uno de los blancos favoritos de los okupas.

Así, la provincia registró un aumento del 46,88 % en incidencias en segundas residencias durante 2025 respecto al año anterior, con las okupaciones duplicándose, según un informe de 'Sector Alarm'.

La presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados, María Ramón Abarca, explica que "no es que haya una subida de ocupaciones en verano, sino que hay un aumento en su descubrimiento".

"Los propietarios no van a la casa durante el año y se dan cuenta del problema cuando llegan para veranear", indica.

La experta señala que, además de las altas cifras de entradas ilegales, la preocupación se debe a "la dificultad que supone después poder echar a los okupas", un proceso que, si no se actúa rápido, puede demorarse años.

A la lentitud del sistema judicial se suma la reciente reorganización de los juzgados, factores que empujan a muchos dueños a pagar a los ocupantes para que abandonen el inmueble antes que esperar a recuperar su vivienda por vía judicial.

"Estos temas no son prioritarios. Ante esta lentitud, los propietarios terminan pagando a los ocupantes (por ejemplo, 5.000 o 6.000 euros) para que abandonen la vivienda, ya que sale más barato que contratar abogados, iniciar el procedimiento y perder dinero de alquiler durante años", señala Abarca.

"El sistema judicial está sufriendo una reubicación, cambiando el sistema de los juzgados tradicionales a secciones. Esto implica paralizar su actividad temporalmente, como si fuera una mudanza, lo que está provocando que los procedimientos tarden aún más de lo normal y empujando a los ciudadanos a llegar a acuerdos económicos antes que acudir a la justicia", lamenta.

Inquiokupación

Si bien destaca que actualmente la inquiokupación ha sobrepasado a la okupación de viviendas vacías. Los inquiokupas son personas que han alquilado una vivienda y, una vez que el contrato se extingue o se resuelve, no abandonan el inmueble y dejan de pagar.

La experta destaca que estas personas deciden quedarse en la vivienda por motivos económicos, ante la imposibilidad de pagar los altos precios actuales del alquiler, o porque ya tienen su vida hecha y a sus hijos en un colegio cercano.

"También existen casos de inquiokupación en los pisos turísticos, donde las personas alquilan por una semana y luego se niegan a irse para no tener que pagar más", comenta.

Pese a estas dificultades para los propietarios, el dictamen del Tribunal Supremo que establece que las segundas residencias también constituyen morada, siempre y cuando no hayan estado abandonadas durante años, ha reforzado las garantías judiciales de los dueños de la propiedad.

"Ahora los propietarios pueden denunciar por allanamiento de morada en lugar de por una simple ocupación", sostiene Abarca.

Con todo, cada vez más propietarios, por miedo y desconfianza ante el fantasma de la inquiokupación, prefieren mantener sus casas vacías en lugar de alquilarlas.