Estación de ITV del Pla de la Vallonga en Alicante, a cargo de SITVAL.
El caos en las ITV valencianas tras la reversión: aumenta el absentismo y la deslocalización en otras regiones limítrofes
Con un índice de absentismo laboral de entre el 16 y el 18% en las estaciones dependientes de la Generalitat, se duplican los datos de las empresas valencianas, que se sitúan de media en el 6,4%.
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El sistema de ITV de la Comunitat Valenciana volvió a la gestión pública el 25 de febrero de 2023, a tres meses de las elecciones autonómicas bajo el gobierno 'Botánico' de Ximo Puig y por imposición de sus socios (Compromís y Podemos), cuando finalizaron las concesiones privadas tras 25 años de prestación por empresas privadas.
Y aunque el Gobierno de Puig justificó la reversión por la mejora de la calidad y equidad del servicio y el aumento de los ingresos públicos, el proceso estuvo rodeado de litigios y reclamaciones económicas por parte de las concesionarias salientes. Y lo que es más importante, aumentó la insatisfacción de los ciudadanos de la Comunidad ante las largas esperas y bajada de calidad del servicio.
No solo eso, desde que las ITV son gestionadas por la empresa pública SITVAL (Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles SA), creada para la reversión, ha aumentado el absentismo laboral de los trabajadores. Una cifra que varía según la estación, pero de media se calcula que ha aumentado hasta un 16 y un 18%.
El índice de absentismo laboral total en la Comunitat Valenciana en 2025 se situó en un 6,4% en el segundo trimestre del año (última cifra publicada), por debajo de la media nacional que es del 7%. Las ITV valencianas lo duplican.
Este hecho provoca que los costes directos e indirectos superen los beneficios y genera un impacto negativo en la productividad que se vuelve demasiado grande. El Gobierno de Puig estimó que la gestión directa podría llegar a generar hasta cuarenta millones de euros anuales de resultado de explotación para la Generalitat.
Las concesionarias de las ITV en la Comunitat Valenciana pagaban un canon anual a la Generalitat que rondaba los 7 millones de euros en conjunto por todas las concesiones. El Gobierno de Puig justificó la reversión en que la gestión directa podría llegar a generar hasta 40 millones de euros anuales de resultado de explotación para la Generalitat. Pero a esa cifra hay que restarle el coste del servicio.
No obstante, el valor conjunto de las reclamaciones por la bajada de tarifas decretada por la Generalitat durante los años de concesión, superó los 130 millones de euros.
Otro de los efectos ha sido la deslocalización, el hecho de que muchos usuarios con domicilio cercano a otras comunidades autónomas, prefieran pasar la inspección fuera de la Comunitat Valenciana. No existen datos exactos y públicos sobre cuántas revisiones de ITV que antes se realizaban en la Comunitat Valenciana se han trasladado actualmente a Murcia, Castilla-La Mancha o Tarragona, pero sí hay evidencias de un notable incremento en el número de usuarios y empresas valencianas que realizan la inspección fuera de su comunidad desde la reversión al modelo público.
De hecho, a finales del mes pasado la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) anunció la salida de Carlos Prades, presidente de FVET, del consejo de administración de SITVAL. Las razones que dio la asociación fueron "la falta de soluciones al colapso del sistema ITV en la Comunitat Valenciana".
"La decisión se produce tras más de un año de advertencias, propuestas y reclamaciones del sector ante la parálisis del servicio y el agravio que supone para las empresas de transporte. Una situación que, lejos de resolverse tras la reversión a la gestión pública, se ha agravado con esperas que superan las ocho semanas para conseguir cita, especialmente en el caso de vehículos pesados", continuaba la federación.
Según datos oficiales, en 2024 se han realizado un total de 1.986.516 inspecciones sobre un parque de vehículos de 2.433.134 vehículos. Así, 714.800 vehículos no pasaron la ITV en la Comunitat y 291.662 decidieron pasarla en otra comunidad autónoma (Murcia, Castilla-La Mancha o Tarragona).
Previamente a la reversión del servicio, los datos oficiales cifraron en 2.332.087 inspecciones realizadas en la Comunitat Valenciana en 2022. Tras la reversión y la aparición de largas esperas (más de ocho semanas para vehículos pesados y muchas citas saturadas en turismos), muchas empresas de transporte y particulares han optado por acudir a las estaciones de las provincias limítrofes.
“Pagamos más que en otras comunidades por un servicio menos eficaz, más lento y que genera incertidumbre. No se puede exigir cumplimiento a un sector si no se garantiza un acceso ágil al sistema”, subrayó el presidente de FVET.
En el mismo comunicado Prades incidió en la deslocalización: "Las estaciones valencianas han dejado de ser una opción real para muchas empresas, que optan por deslocalizar sus revisiones a comunidades limítrofes".“El sistema no está preparado para atender a los vehículos industriales. No podemos seguir dependiendo de otras comunidades autónomas para un servicio básico que deberíamos tener operativo en nuestro territorio”.
