Reglas de gasto y presupuestos prorrogados: el 'coctel mortal' para las cuentas de los ayuntamientos alicantinos

El pasado jueves el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) anunciaba la consignación de 6 millones de euros en la convocatoria de subvenciones del Plan + Cerca para gasto corriente de los ayuntamientos. 26 millones de euros menos que el año pasado en esta primera fase. Pero para entender las razones del "recorte" no hay que mirar a la administración provincial, sino al Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) y sus decisiones en materia económica.

Como explica la diputada de Hacienda, Marina Sáez, se ha conjugado en el año 2025 un escenario doble que impide llegar a las partidas de años anteriores pese a que la Diputación cuenta con cerca de 250 millones de euros "inmovilizados" por esas decisiones del Gobierno central.

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Por un lado, la reactivación de las "reglas de gasto" para 2025 que se aprobaron a finales del año pasado. Se trata del límite del 2.6% para el crecimiento del gasto primario neto de ingresos, aplicable a la Administración central, las corporaciones locales y las comunidades autónomas.

"Al haber reactivado el Gobierno las reglas de gasto, se nos ha abocado a las administraciones locales a realizar un plan económico financiero cuyos resultados nos han marcado esos 6 millones de euros como máximo de ayudas a los ayuntamientos para que afronten su gasto corriente. Todo ello después de pasar por Intervención y por la Dirección General de la Generalitat", señala Sáez.

"Pero es que además nos encontramos un ejercicio más con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados y las diputaciones provinciales participamos de las liquidaciones de los tributos. Eso ha impedido que pudiésemos destinar más dinero que esperamos poder ampliar las subvenciones cuando se liquiden (los del ejercicio 2023, previsiblemente este verano) o abrir otra línea de ayudas para los municipios", añade la diputada.

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Antes de la aprobación del Plan + Cerca, el PSOE ya anunció su abstención y Compromís su voto en contra, precisamente por la bajada de dinero destinado a los ayuntamientos. Para Marina Gómez se trata de una "posición política" que no tiene en cuenta la realidad de los imperativos legales que debe observar la Diputación.

"Hemos tenido que hacer encaje de bolillos para poder ayudar a los ayuntamientos y la oposición está haciendo política. Nuestro objetivo es que esta sea solo una primera fase y dotar de más recursos a los ayuntamientos", comenta la diputada.

Además, respecto a la demanda de PSOE y Compromís de que la Diputación participe en el Fondo de Cooperación Municipal que impulsó el Gobierno Botánico de Ximo Puig, la diputada recuerda que la lucha de la administración provincial no fue contra el fondo en sí, sino contra la obligatoriedad que intentó imponer Puig y que se ganó en los juzgados.

"Con la regla de gasto actual nos había pasado lo mismo que con los planes de subvenciones que desarrolla la Diputación: + Cerca, Planifica, + Deporte, etc. De todos modos los 33 ayuntamientos de la provincia de Alicante menores de 10.000 habitantes cobrarán 800.000 de los 7 millones dispuestos desde la Generalitat para ese fondo", concluye Sáez.