Solo un 1,56% de viviendas de las viviendas construidas en Alicante en 2024 fueron 'asequibles' (no de renta libre)

La Generalitat Valenciana ha publicado su encuesta de "Condiciones de vida" con datos actualizados a 2025 en la que se observa que el número de viviendas de acceso "asequible" apenas ha aumentado en la última década, aunque se nota un discreto aumento en el año 2024. En la provincia de Alicante el porcentaje de este tipo de viviendas sobre el total de viviendas construidas apenas fue del 1,56%, pero es que veníamos de un cero absoluto en 2023.

Según esta encuesta, para comprobar el último dato significativo hay que remontarse a 2012, cuando la proporción de viviendas de renta libre sobre el total de viviendas construidas en la provincia alcanzó el 75,45%, lo que indica que una de cada cuatro viviendas se construyó en algún tipo de régimen de protección.

Según el secretario general de la Asociación Provincial Promotores de Viviendas de Alicante (PROVIA), Jesualdo Ros, esta situación obedece a que "en los dos últimos mandatos" (los que se corresponde a los Gobierno de Ximo Puig) "apenas se hizo vivienda de protección en toda la Comunitat Valenciana. Porque no nos dejaban. Ahora con el Plan Vive se están ampliando este tipo de promociones".

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Según los promotores esta situación está revirtiéndose, pero muy lentamente. Y solo se hará visible en un par de años, "cuando empiecen a entregarse las viviendas que están obteniendo licencia y empezando a construirse ahora".

En cualquier caso, la provincia de Alicante cuenta con la característica especial de que aquí es muy potente el sector de construcción de la vivienda residencial dentro del mercado general, por la gran capacidad de atraer turismo.

"El problema de la vivienda de precio asequible se facilitaría si se sacase al mercado suelo donde realmente hay demanda de la gente para vivir, por parte de los Ayuntamientos. También si el proceso de obtener una licencia se hiciese en un tiempo razonable. En este momento al menos es de un año", señala Ros.

Paralelamente, otro de los problemas es el aumento de los precios de los materiales, de la mano de obra y de las exigencias de la normativa desde el punto de vista técnico, señala experto en el sector inmobiliario alicantino.

Para PROVIA, una de las soluciones tiene que pasar necesariamente por rebajar las trabas burocráticas en la construcción de viviendas y eso tiene mucho que ver con la legislación estatal.Para ello hay figuras como la realización de auditorías externas independientes que agilizasen los expedientes en los Ayuntamientos.

"En EEUU la administración competente no puede demorar en el tiempo su respuesta a cualquier iniciativa sin plazos. Si a los seis meses no ha contestado, el proyecto sigue adelante. Aquí llegamos a 4 o 5 años de trámites porque cuando no es Patrimonio, es Cultura o Urbanismo el que tiene que hacer un informe tras otro, con los que ralentiza mucho el proceso", concluye Ros.