Alicante debate la política LGTBI y el riesgo de "transformar derechos en subvenciones" y la turistificación del Orgullo

La inversión en entidades LGTBI y cómo se gestiona el Orgullo son dos de los ejes del nuevo debate de políticas sobre el colectivo que organiza EL ESPAÑOL con los líderes de los principales partidos con representación en la provincia de Alicante.

La ciudad de Alicante ha sido la escogida por la Generalitat este junio para presentar el aumento en inversiones a las entidades LGTBI: de los 220 000 euros con el Botànic a los 330 000 actuales.

Y como ejemplo de las posturas enfrentadas entre los partidos que se han mantenido en el encuentro celebrado en la librería 80 Mundos, Xavi López, coordinador de Sumar en la Comunitat Valenciana, rechaza abordar ese tema.

Atrévete Orihuela carga contra VOX por sus declaraciones sobre el Orgullo LGTBI: "Chiringuito político, el suyo"

"Esto no va de subvenciones, va de derechos. Estar hablando aquí de cuánto dinero se reparten entre las entidades me parece un discurso perverso", razona.

López considera que esa inversión es "transformar nuestros derechos en subvenciones e intentar comprar la voluntad de las entidades, pero hay entidades que, por muchas subvenciones que les den, no van a comprar su voluntad porque se deben a la gente".

Pau Pinar, el primer alcalde que participa en estos encuentros que organiza EL ESPAÑOL, le rebate valorando que el PP está abriendo el abanico para que todas las instituciones, movimientos y colectivos puedan optar a subvenciones y crear eventos como el singular Orgullo Rural de Lorcha.

[Del "maricón el último" a "vamos a sumar todos juntos", la polémica homófoba en las Hogueras de Alicante]

Yeray Hernández, portavoz del PSOE en El Campello, se alinea con la visión de Sumar de que se trata de derechos humanos, no de "premios" que la Generalitat otorga a las asociaciones.

Velia Planelles, de Compromís, describe el aumento de financiación como una "manera de maquillar" la realidad. Para ella, dar más dinero mientras se permite la proliferación de políticas de conversión o el veto parental en consejos escolares es una distorsión.

La concejala de Sant Joan considera que es un intento de simular intervención en políticas LGTBI, pero la realidad es "totalmente distinta", y llama a no dejarse engañar por las manipulaciones del PP y Vox.

El choque por la ley trans

La polémica modificación de la Ley Trans de la Generalitat Valenciana son otro punto central del debate. Los socialistas, según Hernández, están "evidentemente en contra" de la modificación realizada por el Consell.

Hernández reivindica la ley de la Generalitat aprobada bajo el Botànic como una norma "pionera y referente" que protegía y reforzaba los derechos del colectivo, contemplando incluso cuestiones que escapaban a la ley estatal. La versión modificada por el Partido Popular y Vox, en cambio, no solo no defiende los derechos, sino que los "perjudica".

Un posicionamiento que Pinar rechaza. Así, explica que el único cambio significativo en la ley que aprobaron en comparación con la del Botànic es la eliminación de la necesidad de un informe de sexología o un informe psicológico para la autodeterminación. Un cambio que atribuye a la necesidad de llegar a acuerdos presupuestarios con Vox.

Terapias de conversión

López le recrimina que esta modificación fue realizada "por la puerta de atrás", a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos, aprovechando un "cajón de sastre" para "menoscabar" los derechos humanos del colectivo trans.

Respecto a las terapias de conversión, Planelles aclara que estas terapias están prohibidas en la Comunidad Valenciana desde 2018 y por la ley de igualdad LGTBI de 2023. El problema, según Velia, es que solo conllevan una "sanción pecunaria" de entre 10 000 y 150 000 euros.

Hernández enfatiza que disfrazar el acompañamiento a menores es, en realidad, buscar estas "terapias de conversión", que califica de "tortura" y "aberración", y celebra la proposición de ley del partido socialista para penalizarlas a nivel estatal.

Turismo y Orgullo

Otro punto clave del debate ha sido la definición de "turistificación" de los eventos del Orgullo que aporta Xavi López. El coordinador de Sumar plantea que el colectivo LGTBI debería reflexionar sobre cómo estos eventos los usan las Administraciones públicas para atraer turismo y "engrosar" el sector.

López considera que no beneficia al movimiento, especialmente en un momento de "retrocesos legislativos" a nivel internacional. Argumenta que las entidades sociales deben separarse de la Administración pública para poder mantener la libertad de sus reivindicaciones

Pau Pinar, en contraposición, defiende los beneficios que aporta. Y la prueba la pone en el Orgullo Rural de su pueblo de 600 habitantes. Ve la atracción de turismo LGTBI como una política de "atraer a la gente que piensa como nosotros, reivindicar y celebrar un Orgullo como Madrid, que es un referente mundial".

Crecer en actos

El popular recalca que con este Consell se apoya más a estos eventos, no solo en grandes ciudades, y que alcanza también a municipios rurales. Un ejemplo de la expansión a más públicos que reivindican creando una marca propia, Orgull de Comunitat.

Las celebraciones del Orgullo de este año en Alicante se esperan "polarizadas por la extrema derecha", según Hernández. Pese a ello, asegura que las personas que creen en la diversidad saldrán a las calles a manifestarse y a "plantarse en frente de discursos de odio". Planelles destaca que, incluso en pueblos más pequeños, se están organizando primeras marchas, como las de este sábado.