La muerte de Nuria, una cocinera de la prisión Mas d'Enric de Tarragona que fue asesinada el pasado miércoles 13 de marzo a manos de un preso que la apuñaló antes de suicidarse, ha acabado con la paciencia de trabajadores de prisiones de todo el país que piden medidas urgentes para garantizar la seguridad en los centros. El suceso también ha conmocionado a sus compañeros de profesión en Alicante, que buscan soluciones.

El crimen supone "el primer asesinato de una trabajadora de prisiones en 40 años", resalta el delegado sindical de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), Marcos Luaces, quien observa un incremento de la violencia en los recintos penitenciarios.

Funcionarios y trabajadores vienen reclamando mejoras en sus condiciones laborales desde hace años y no se explican como un preso condenado a 11 años de prisión por asesinar a una prostituta con un cuchillo trabajaba en la cocina de la cárcel con acceso libre a los utensilios. 

[El peligro de las prisiones de Alicante, la falta de seguridad amenaza a reclusos y trabajadores]

Los profesionales de Alicante se han unido al movimiento de protesta llevado a cabo en diferentes centros de España con una manifestación el pasado viernes 15 en el recinto de Fontcalent, donde están la cárcel Alicante I y el Psiquiátrico, en la que alrededor de 200 personas guardaron un minuto de silencio en memoria de la víctima.

A muchos les pareció poco ese acto teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia y el lunes 17 un grupo de trabajadores se organizaron y bloquearon los accesos por carretera e impidieron el relevo de turnos que se hace a las 08 h de la mañana para mandar un mensaje al Ministerio de Interior.

Ha pasado una semana desde el incidente, pero la cosa sigue "muy caliente" con movilizaciones que aún continúan en algunas regiones. Las reivindicaciones generalizadas están poniendo "muy nerviosos a los mandos", afirma el miembro de TAMPM.

"Este jueves han puesto en peligro la seguridad de los trabajadores que han ido a trabajar al recinto de Fontcalent porque no han cumplido las directrices de seguridad con nuestros vehículos al tener que ir a pie un kilómetro por la fuerte presencia policial", manifiesta.

"Hay que recordar que nosotros tratamos con delincuentes que salen a la calle y tienen contactos, y nos podemos sentir presionados a la hora de que nos sigan a nuestros domicilios, es por eso por lo que se nos recomienda que vayamos por rutas diferentes al trabajo", expresa Luaces.

Sin embargo, ayer no se cumplieron las medidas de seguridad necesarias al dejar los vehículos fuera del área y poder ser objeto de seguimientos para averiguar la identidad de los trabajadores en una zona por la que pasan internos que salen y entran de permiso, así como familiares que llegan de visita. 

"Junglas llenas de bandas"

El responsable sindical explica que profesionales catalanes que vienen a trabajar a la Comunitat Valenciana cuentan que "las cárceles en Cataluña son una jungla llena de bandas enfrentadas entre sí que hacen auténticas barbaridades".

La situación ha llegado al límite debido a políticas de seguridad "con resultados nefastos" que ahora se están aplicando en toda España y que llevan a las cárceles de Alicante por ese peligroso rumbo, según Luaces. El funcionario de prisiones asegura que "lo que han vivido en Cataluña es lo que va a pasar aquí porque las políticas las se están aplicando un poco más tarde, pero son las mismas".

La estrategia marcada por el Ministerio de Interior es "primar el tratamiento sobre la seguridad". Un ejemplo que pone el responsable es que "en una pelea hay que hacer un parte de hechos y eso conlleva una sanción, lo que pasa es que el ministerio busca maquillar las estadísticas porque para ellos son muy importantes y no quieren que hagamos ese tipo de partes".

"Te incitan a no escribir porque si escribes puede ser un problema para ti y no llega ninguna sanción para los presos que han protagonizado esos hechos", añade. Así, al no tener en cuenta los incidentes dentro de las prisiones, se asignan trabajos remunerados a internos que no deberían realizarlos, como en el caso del asesinato de Tarragona. Además, se fomenta el tercer grado (semilibertad) y se limita el primer grado para delincuentes que no se ajustan a las normas de convivencia.

La bajada de la vara de medir hace que "las agresiones a funcionario les salgan casi gratis, ya que sus actos no tienen consecuencias", indica Luaces, que destaca que, si no se ponen soluciones y se endurecen los castigos, van a seguir haciéndolo "hasta buscar el límite, como hacían en la calle".

El trabajador resalta que estas políticas están teniendo consecuencias directas en sus condiciones laborales y lamenta que en el 2023 se hayan incrementado en un 12 % las agresiones a funcionarios. Una cifra que es "falsa" debido al maquillaje que se le aplica desde el Gobierno al no contar las agresiones verbales de carácter sexual que sufren en su mayoría las trabajadoras y que están recogidas en el Código Penal.

Por todo ello, siguen exigiendo más seguridad para que un caso como el de Nuria no vuelva a ocurrir ni en la provincia ni en otros puntos de España. Una de sus principales exigencias es ser considerados como 'profesión de riesgo' para que una agresión les salga más cara a los prisioneros y se lo piensen dos veces antes de atacarles. Otras demandas clásicas son la falta de personal, medios y formación.