El último incidente en la cárcel Alicante I, conocida como la prisión de Fontcalent, en el que a causa del incendio de un colchón por parte de un interno dos reclusos y un funcionario tuvieron que ser trasladados al hospital por el denso humo generado, ha puesto de manifiesto una vez más la falta de medios que asociaciones profesionales vienen reclamando desde años en la provincia.

La situación podía haber llegado a más y haber terminado en tragedia por el fallo del sistema automático de detección de humo. El mecanismo tendría que haber puesto en marcha los sistemas de extracción, que tuvieron que ser activados manualmente por trabajadores tras darse cuenta de la situación.

La asociación Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha vuelto a denunciar el mal estado de la instalación y de los sistemas de seguridad, así como la falta de personal en los tres centros de Alicante: Centro Penitenciario de Villena, el Psiquiátrico y la prisión de Fontcalent, que a su vez cuenta con un Centro de Inserción Social, una Unidad de Madres y un Servicio de Gestión de Penas.

[La furia se desata en la prisión de Villena con cinco peleas que dejan una funcionaria herida]

El delegado sindical de TAMPM, Marcos Luaces, lamenta que se hayan incrementado en España las agresiones a funcionarios un 12 % en el 2023, con 17 registradas en los centros alicantinos, cifra que "no incluye agresiones verbales, amenazas, insultos ni las agresiones sexuales que sufren las funcionarias debido a los constantes comentarios sexistas".

Hasta hace unos meses había un médico para 800 internos, proporción que "ha mejorado un poco", según Luaces, y dependiendo de la llegada de presos a Fontcalent, hay un funcionario por cada 100. "Aunque el déficit oficial de plantilla es del 8 %, nosotros lo estimamos en un valor real del 35 %, señala el delegado.

Los principales problemas se dan en Fontcalent por ser la más antigua. "Es del año 1983 y el equipo está pensado para esa época, sin tener en cuenta la creación en el 2006 del Centro de Inserción Social, el mayor de España en su momento con 185 plazas, la inauguración en 2020 de la Unidad de Madres tras nueve años cerrada, con capacidad para 32 internas, y de la nueva instalación del Servicio de Gestión de Penas para llevar expedientes", sentencia.

"El Servicio de Gestión de Penas se hace cargo de 5.000 expedientes anuales y lo llevan tres funcionarios", comenta el responsable de la asociación. Pero el mayor problema reside en la falta de personal que puede suponer un aumento de la inseguridad para los trabajadores que están en contacto con los reos.

Imagen de archivo de la prisión de Fontcalent en Alicante EFE

El centro de Fontcalent tiene, aproximadamente, 900 reclusos cuando las plazas son para 450. El doble de capacidad que acoge se debe a que "no se cumple la legalidad de una celda por interno, medida que nunca se ha aplicado, por lo que se tienen a dos por celda porque el Estado está obligado a retenerlos", indica.

Esto hace que los incidentes aumenten y que en los últimos meses se hayan dado importantes agresiones. El pasado 13 de abril hubo una pelea con más de 30 internos implicados que resultó con un funcionario herido y el aislamiento de cinco presos. En noviembre de 2023 hubo nueve aislados por una pelea multitudinaria con dos trabajadores arrollados, y una interna agredió a dos trabajadoras. También en noviembre, pero en la prisión de Villena, se produjeron cinco peleas en un solo día en las que participaron varios prisioneros y que acabó con una funcionaria lesionada.

El 21 de febrero de este año hubo cinco aislados tras una pelea multitudinaria entre dos facciones enfrentadas. El delegado explica que los grupos rivales suelen agruparse por origen geográfico, "están los magrebíes, los de etnia gitana o los del este".

Promesas incumplidas

La conflictividad se relaciona con las promesas políticas incumplidas en los últimos años para nombrar a los funcionarios agentes de la autoridad. "La condición supondría un agravamiento de las penas en caso de que los internos nos agredan físicamente, ahora son solo de unos meses de prisión, el castigo debería estar agravado de la misma forma que lo está una agresión o un médico o a un profesor". 

Por otro lado, la falta de formación pone en riesgo constante a los trabajadores y a los propios reclusos. Al ser personal de primera intervención, tienen que actuar para salvar la vida de los prisioneros, ya que representan al Estado. El responsable expresa que ellos son bomberos si hay un fuego y policías si hay un altercado, con todas las consecuencias que pueden tener al no estar preparados.

"No se nos forma ni en extinción de incendios ni en defensa personal, los talleres son cada cierto tiempo y anualmente se hace un simulacro". En los 18 años que lleva trabajando como funcionario, Marcos Luaces asegura que solo ha tenido "una vez un curso de defensa personal, y de extinción de incendios no he hecho nunca".

Estas "carencias" necesitan una revisión urgente de unos espacios penitenciarios a los que compara con "dinosaurios" por su antigüedad. La situación solo se solucionará cuando "los dirigentes acepten los errores por los que siempre se echa la culpa al trabajador de base". TAMPM y otras asociaciones del sector seguirán luchando por unas condiciones dignas que no pongan en riesgo las vidas de las personas que trabajan y cumplen su pena en los centros alicantinos.