En la entrevista al nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), publicada ayer por EL ESPAÑOL, el nuevo Molt Honorable aseguró que: "La primera medida, que es de justicia, será abordar el tema de las zonas castellanohablantes. Me parece una contradicción que estas zonas, decretadas así por la Ley de Uso del Valenciano de 1983, estén exentas de la asignatura del valenciano, pero te den las matemáticas en valenciano".

Mazón se refiere a la Ley de Plurilingüismo aprobada por el PSPV-PSOE de Ximo Puig y Compromís (entonces liderado por Mónica Oltra) aprobada en febrero de 2018. Una normativa que quedó sin recurso en el Tribunal Constitucional porque mientras estaba siendo preparado por el PP nacional en primavera de ese año, se planteó la moción de censura a Mariano Rajoy. 

Con Pedro Sánchez en el Gobierno, el recurso del Gobierno (que es el que tenía que haberlo planteado para defender los derechos lingüísticos de los castellanohablantes) para defender una ley de rango superior, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (1983), se quedó en un cajón y pasaron los plazos.

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Padres y madres, docentes y alumnos, se han quejado en los últimos cinco años de que la Ley de Plurilingüismo no ha sido desarrollada a través de decretos por parte del Gobierno Botánico de Puig para evitar que pudiese ser recurrida en el Constitucional. Contra toda lógica legal, la mayoría del desarrollo se ha hecho de forma verbal a través de coordinadores desplegados por las comarcas.

No obstante, y tal como ha informado este diario, el 22 de marzo de 2021 el entonces conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, dio un paso más en la imposición de este proceso de inmersión lingüística: la Orden 4/2021, por la que se impone un examen en valenciano a partir de 2026 a cualquier alumno de la Comunidad Valenciana independientemente de su procedencia.

Esta orden establece que: "Quedará exento de realizar el ejercicio de Valenciano Lengua y Literatura II de la prueba de acceso a la universidad, si así lo manifiesta, el alumnado recién llegado que haya empezado la escolarización en un centro ubicado en la Comunitat Valenciana en 4.º de ESO, 1.º o 2.º de bachillerato". También, "el alumnado recién llegado es aquel que no ha sido nunca escolarizado en un centro ubicado en la Comunitat Valenciana.

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Y afirma "de manera transitoria", el alumnado de los centros ubicados en municipios incluidos en el artículo 36 de la Ley 4/1983, de uso y enseñanza del valenciano, que haya obtenido resolución por la cual se otorga la exención de la materia de Valenciano, dictada por el órgano competente, quedará exento de realizar el ejercicio de Valenciano si así lo manifiesta, hasta la convocatoria de 2026 inclusive".

O lo que es lo mismo, a partir de 2026 la exención lingüística de municipios en los que no se habla valenciano, desaparece 'de facto'. Se trata de amplias zonas de la Comunidad Valenciana que incluyen comarcas enteras como la Vega Baja Alicantina. En concreto 32 municipios a los que suman grandes poblaciones de otras comarcas como Elda o Villena, o medianas como Sax o Monforte del Cid. En Valencia todavía son más, casi 60 localidades. Y en Castellón, más de 60.

Por tanto, la derogación de esta orden con un horizonte de apenas tres años constituye uno de los pasos imprescindibles para la nueva política del Consell de Carlos Mazón.