Esta nueva vuelta de tuerca a la inmersión lingüística en la Comunidad Valenciana se realizó desde la conselleria que dirige el nacionalista Vicent Marzà (Compromís) el pasado mes de marzo. Pero en los centros educativos están teniendo conocimiento en las últimas fechas, ocho meses después, y ya sin casi posibilidad de recurso.

El propio preámbulo de la orden señala que "este nuevo marco normativo no modifica la posibilidad de solicitar la exención en las enseñanzas no universitarias" pero "obliga a adecuarse a las especificaciones sobre la adquisición de la competencia comunicativa y, como consecuencia, a la regulación de la exención en la prueba de acceso a las universidades".

Las únicas excepciones a la norma son "el alumnado recién llegado que haya empezado la escolarización en un centro ubicado en la Comunidad Valenciana en 4.º de ESO, 1.º o 2.º de bachillerato". Así, los "recién llegados" que estén escolarizados más de tres cursos académicos no estarán exentos.

Inmersión lingüística

La Ley de Uso y Enseñanza de la Lengua Valenciana de 1983 establecía claramente en su artículo 36, municipio por municipio, cuáles pertenecen al "predominio lingüístico valenciano" y cuales al "castellano" (la Vega Baja y varias zonas del Vinalopó en Alicante, y otras tantas en Valencia y Castellón). Y los alumnos de estos últimos, podían pedir la exención de cursar y examinarse en esa lengua. 

Ante los primeros problemas organizativos en los centros se estableció de manera informal que los alumnos exentos permaneciesen en las clases aunque no atendiesen ni participasen. Algo que con el tiempo se interpretó como una obligación de impartir la asignatura aunque no se examinasen.

Con la nueva Ley de Plurilingüismo aprobada por el PSOE y Compromís en 2018, y la obligación de impartir al menos el 25% de todas las asignaturas troncales en valenciano independientemente de la zona a la que estuviese adscrito el municipio, comarcas como la Vega Baja han alzado la voz reivindicando su derecho a la exención lingüística del valenciano.

Desde que Compromís se hizo con la Conselleria de Educación ha mantenido una lucha constante por reducir los niveles de exención del valenciano. Así, en 2019 sacó pecho de haber reducido los porcentajes de solicitudes de exención en un 12%.

Normativa sin desarrollo

El problema se suscitó en 2018, cuando el PP de Mariano Rajoy comenzó los trámites para llevar al Tribunal Constitucional la ley pero la moción de censura de Pedro Sánchez dejó el recurso en un cajón. Plataformas de padres y profesores acusan a la Generalitat de no desarrollar la ley por escrito para que no pueda ser recurrida.

Por esa razón desde este mismo curso se ha impuesto en los Planes Lingüísticos de Centro la obligatoriedad de un 25% de valenciano en asignaturas troncales aunque haya habido comarcas que hayan rechazado masivamente (en un 70%) esos planes. Los padres recurrieron y la Generalitat Valenciana recurrió al silencio administrativo. Ahora, hay cuatro recursos en marcha en los tribunales.

De hecho, los alumnos de esas áreas por el momento tienen derecho a la exención de la asignatura de Lengua y Literatura en valenciano, pero no a que asignaturas como Matemáticas, Física o Química se las impartan por obligación en valenciano dependiendo de los planes del centro.