La Asociación Somos Mediterránea para la protección del litoral en la Comunidad Valenciana -extendida a otras regiones españolas- ha denunciado que el pasado 2 de agosto el Gobierno central aprobó el nuevo Reglamento de Costas con inmediata entrada en vigor. Y que "no ha atendido a ni una sola de los cientos de alegaciones y observaciones que ha recibido durante el oscuro trámite de su redacción".

Desde la asociación señalan que particulares, Asociaciones, Plataformas, Grupos Políticos, e incluso Instituciones, Ayuntamientos o Gobiernos autonómicos, han manifestado ya durante la tramitación su total oposición a una norma que no responde a la realidad de nuestro litoral.

Además, juristas y numerosos expertos también presentan públicamente sus dudas sobre la legalidad de esta norma. Y es que, el Reglamento es una norma de rango inferior al de la Ley, redactada directamente por el poder Ejecutivo (Gobierno) sin participación de las Cámaras y que no puede modificar, sino detallar, el contenido de las leyes.

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"Sorprende pues, que sin atención a las numerosas alegaciones y observaciones, sin un trámite parlamentario con garantías, se pretenda subvertir el contenido de la Ley de Costas con un nuevo régimen reglamentario muy agresivo y retroactivo", continúan.

Así, detallan que se han cambiado los criterios para la definición del dominio público; se ha anulado de hecho y de derecho el régimen concesional; se han sembrado serias dudas sobre los deslindes; o negado las diferentes tipologías de duna.

Normativa UE

Somos Mediterránea alerta de que este Reglamento se enfrenta a los criterios del Parlamento Europeo, "que en 2008 ya llamó la atención al Estado español sobre su arbitraria e ineficaz Ley de Costas de 1988. Fruto de esta resolución del Parlamento (liderada por Los Verdes Europeos y la comisaria M. Auken) España se vio obligada a cambiar su ley, siendo fruto de ello la reforma 2/2013, que mejoraba la seguridad jurídica y un régimen retroactivo menos agresivo".

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En el mismo sentido, explican, el nuevo decreto "no responde a determinadas directrices del Consejo de Estado ni a la normativa comunitaria o recomendaciones del IPCC"

Recursos

Por ello, confirmada su apresurada entrada en vigor, desde la asociación anuncian que se han presentado ante los tribunales recursos contenciosos "contra esta norma que nadie ha pedido, nadie necesita y no añade sino mayor problemática a los afectados".

Es más, denuncian que esta norma "no se ha concebido para la protección y regeneración de nuestro litoral, sino para ahondar en la confiscación y el negocio que se hace en nuestra costa".

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Somos Mediterránea también recuerda su preocupación por la falta de aportes naturales a nuestras playas desde los ríos, bloqueados a causa de embalses y puertos han provocado la erosión del 60% de las playas del litoral. El MITECO pretende compensar esa pérdida de dominio público ampliándolo tierra adentro y con nuevos deslindes exorbitantes.

"Esto no puede entenderse como recuperación, que significa volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía, y no lo que es de otros mediante confiscación". "La Ley de Costas desde su advenimiento en 1988 no ha respondido ni servido para la protección de nuestra costa. Mientras se ha seguido construyendo, se ha perseguido sin rubor a los pequeños concesionarios y propietarios para su expropiación encubierta", añaden antes de acusar a la Administración de eludir su responsabilidad patrimonial y ambiental con esta medida.