Las asociaciones de vecinos que componen "Mediterranea" en toda la Comunidad Valenciana para la protección del paisaje litoral frente a las construcciones invasivas como espigones y puertos, están alegando en masa contra el nuevo decreto de Costas que pretende sacar adelante el Ministerio para la Transición Ecológica que encabeza Teresa Ribera. 

En los escritos de rechazo acusan a la ministra socialista de intentar acabar mediante decreto con las concesiones administrativas que protegió el 'Informe Auken' de la Unión Europea (UE) en 2009, cuestionando la Ley de Costas de 1988 y su decreto de un año después. De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) se vio obligado a reformar la ley en 2013 ante las exigencias europeas.

Con el nuevo reglamento, aseguran los vecinos, "no se arregla nada", sino al contrario, "por vías equivocadas, trata de modificar una norma de rango superior, como es la ley". Y resumen: "No puede pretender el Ejecutivo hacer valer su competencia reglamentaria para modificar un texto legal que no es de su agrado".

Asociaciones como Platges de Nules, Amics de la mar (Almassora), Vecinos Playa Almazora, AAVV Guardamar Playa -Playa Babilonia, Platges Cullera, Estany Cullera, AA.VV. La Almadraba de Els Poblets, Asociación para la Defensa de las Playas Norte de Denia o Salvem les platges al sud de Gandia, han mostrado su rechazo frontal. Y algunos ayuntamientos también se han unido.

Contra la UE

Critican que el reglamento pretenda "deshacer lo que la UE y el Parlamento Europeo ya mandó corregir al Estado español: la absoluta arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Costas española, la más absoluta falta de seguridad jurídica, la desprotección de los particulares, y en el fondo, el absoluto desinterés que tiene la Administración por la protección real del Medio Ambiente".

Y es que, el cambio normativo, especialmente en lo relativo a las concesiones, "va justamente en sentido opuesto al de toda la normativa internacional, y al sentir de la sociedad civil". Con la decisión europea el Estado debe prorrogar las concesiones anteriores a 1988, como es el caso del centenar de vecinos de Playa Babilonia en Guardamar, siempre que no exista expediente de "causa de caducidad".

El nuevo reglamento quiere que esas concesiones y prórrogas sean "potestad administrativa" y no sujetas a la ley, como hasta ahora. Por lo que consideran que es un "fraude a las instituciones y un uso enormemente politizado de la estructura del Estado".

"Si la Administración realmente estuviera concienciada con la protección del Medio Ambiente, escucharía a la ciencia, a los profesionales y las personas que viven el mar y la costa. Nuestras playas desaparecen por inanición, por negligente gestión o ausencia de ella", añaden en su escrito.

"Es una tónica absolutamente general la regresión de playas producida por obras de la Administración Pública, mal proyectadas o mal mantenidas. Sus propias cifras de nula inversión y mantenimiento de la costa les delatan. Arreglen el problema de los puertos, espigones y déficit de inversión, antes que intentar culpar a quienes allí habitamos", concluyen.