Las defensas de los acusados por el presunto fraude en la contrata de la basura del municipio de Calpe, una de las piezas separadas del 'caso Brugal', han pedido este lunes la nulidad de la causa, al considerar que se habría incurrido en la vulneración de derechos fundamentales de los procesados.

La causa se dirige, entre otros, contra el exalcalde del PP Javier Morató y dos exconcejales de esta formación política, Fernando Penella y Juan Roselló, así como contra el empresario Ángel Fenoll y el hijo de este, Antonio Ángel, que lograron la adjudicación del servicio de tratamiento de los residuos urbanos en 1998.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, supuestamente, los políticos procesados pactaron con el contratista el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación, comisiones que se habrían hecho efectivas durante los años siguientes.

Así, durante el turno para el planteamiento de las cuestiones previas, los abogados defensores han expuesto que se privó a los acusados del derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en que la instrucción de las diligencias se inició en los juzgados de Orihuela, y han argüido la falta de motivación y la ruptura del principio de especialización en los autos sucesivos en los que se sustentó la investigación.

También han solicitado que se acuerde la invalidez de las escuchas telefónicas practicadas, tras sostener que la propia Sección Séptima de la Audiencia de Alicante ya ha declarado la nulidad de parte de ellas en la sentencia absolutoria sobre la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela: la considerada pieza matriz del 'caso Brugal'.

Según los abogados defensores, todas esas supuestas anomalías en la instrucción son las que habrían permitido llevar a cabo el registro domiciliario de Ángel Fenoll, en el que se halló parte de la documentación sobre la que pivotarían las acusaciones.

Pero, además, la defensa ha alegado que, en el caso de que se acordara la continuidad del juicio y de que pudiese llegar a encontrarse probados los presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales que se atribuyen a los procesados, deberían de quedar absueltos por prescripción de los hechos.

Han incidido en que han transcurrido 23 años desde que se aprobó la adjudicación del contrato de la basura que, supuestamente, fue origen del presunto fraude, y cerca de 14 años desde que se comunicó formalmente la imputación de los hechos investigados.

La Fiscalía defiende la validez de la instrucción

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha defendido la validez de toda la instrucción, tras recordar que la sentencia sobre la trama de la basura de Orihuela sigue pendiente de la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo (TS).

Además, ha negado que los hechos objeto de juicio pudieran declararse prescritos, puesto que el presunto fraude en la manipulación de la basura habría proseguido hasta 2012 y, por lo tanto, los acusados habrían cometido delitos continuados.

La Fiscalía cifra en 11.983.904 euros la cuantía que la mercantil adjudicataria presuntamente intentó defraudar a las arcas municipales y en 4.285.998 el perjuicio efectivo ocasionado al consistorio.

Anticorrupción pide inicialmente penas que oscilan entre los 2 y los 14 años de prisión para los acusados por los presuntos delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.

Sea como fuere, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante encargado de enjuiciar los hechos ha diferido la resolución de las solicitudes planteadas hasta el momento del dictado de la sentencia, así que no se pronunciará acerca de las peticiones de nulidad o sobre la posible prescripción hasta después de que haya finalizado el juicio.

Eso sí, los magistrados han aceptado las nuevas pruebas propuestas por la Fiscalía, el Ayuntamiento de Calp (que ejerce la acusación particular) y las defensas.

La vista se reanudará el próximo 19 de octubre, día en que están previstas las primeras declaraciones de los acusados.