La Audiencia Provincial de Alicante prevé reiniciar este lunes 20 de septiembre el juicio sobre el fraude de la basura del municipio de Calpe investigado en el marco del 'caso Brugal'.

El proceso se dirige contra el exalcalde del municipio, Javier Morató (PP), y dos exconcejales (Fernando Penella y Juan Roselló), así como contra dos de sus familiares, un funcionario municipal y los empresarios de la mercantil Colsur Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel, que lograron la adjudicación del servicio de tratamiento de los residuos urbanos en el año 1998.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los políticos pactaron con el contratista el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación, un dinero que se hizo efectivo durante los años siguientes.

En concreto, siempre según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, el entonces alcalde y los dos tenientes de alcalde se repartieron 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones de pesetas (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario.

Según la Fiscalía, Colsur incrementó supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas para 'hinchar' la factura que debía abonar el ayuntamiento y, así, obtener los recursos necesarios para repartir esas comisiones.

La Fiscalía cifra en 11.983.904 euros la cuantía que la mercantil adjudicataria intentó defraudar a las arcas municipales y en 4.285.998 el perjuicio efectivo ocasionado al consistorio.

Anticorrupción solicita inicialmente penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión para los acusados por delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.

Un juicio paralizado por la pandemia

La causa fue una de las veinte piezas en las que se dividieron las diligencias iniciales, abiertas a cuenta de la supuesta adjudicación irregular de la contrata de la recogida de residuos de Orihuela.

El juicio quedó aplazado el pasado enero después de que las defensas alegaran el incumplimiento de medidas de prevención frente a la Covid-19 por el tamaño de la sala dispuesta para su desarrollo y la cantidad de intervinientes que tenían que participar en el proceso.

Así, la celebración de la vista se ha trasladado ahora al salón de actos del edificio judicial situado en la calle Pardo Gimeno. La primera sesión, que se celebrará este lunes, se ha reservado para el planteamiento de las llamadas cuestiones previas. Después, el resto de sesiones se desarrollarán el 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de octubre.