Las supuestas vacunaciones irregulares a políticos en la provincia de Alicante han dado un nuevo giro este martes tras la denuncia interpuesta en febrero por unos representantes vecinales de la capital de provincia quienes, a título personal, cursaron escritos acusadores contra alcaldes, concejales y religiosos sospechosos de haberse saltado el protocolo. 

Así pues, al cierre de las diligencias de la investigación iniciada, el Ministerio Fiscal ha formulado denuncia, únicamente, contra el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP,  y contra los de El Verger y Els Poblets, el matrimonio del PSOE formado por Carolina Vives y Ximo Coll. 

Este movimiento de la Fiscalía Provincial se produce tras el análisis de los informes solicitados a la Conselleria de Sanidad, la competente en la materia. Es por ello por lo que el órgano fiscal señala que existen indicios racionales para considerar que estos primeros ediles recibieron los viales infringiendo el protocolo establecido, al no formar parte de los grupos prioritarios de vacunación.

En concreto, considera que pudieron incurrir en un delito de cohecho impropio pasivo, puesto que en los tres casos pudieron recibir la vacuna por su condición política, asegura el Ministerio Público. Es más, estima que se trataba de relevantes y conocidos cargos públicos en el ámbito geográfico de la residencia o centro sanitario en el que se les suministró el vial.

A este respecto, el Ministerio Público ha cursado ya las correspondientes denuncias en los juzgados alicantinos de La Vila y de Dénia, que deberán repartirlas y dilucidar si procede incoar diligencias judiciales de investigación contra los tres denunciados o, por el contrario, todo queda en nada.

Archivo de diligencias

Al mismo tiempo, la Fiscalía ha resuelto ya el archivo de sus diligencias preprocesales para el resto de los cargos públicos investigados, quedando libres de sospechas legales (otra cuestión son las morales) al entender que la vacunación de todos ellos se ajustó al protocolo establecido.

Entre ellos, figuraba el responsable del Centro Doctor Esquerdo de la Diputación de Alicante, Juan Bautista Roselló, del PP, de quien la conselleria de Sanidad concluyó que no había irregularidades; el edil socialista de Benejúzar, José Antonio García, médico de profesión que tuvo que dimitir de su cargo como comisionado del Departamento de Torrevieja, donde trabaja; el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; su hermana, su cuñado y el vicario general de la diócesis, que también recibieron el vial; el edil popular de Sanidad de Orihuela, José Galiano, y la ya exedil de Dénia Cristina Morera, del PSPV-PSOE.

En concreto, estima que en el caso de Galiano y de Morera (ambos responsables del área de Sanidad) no recibieron los viales por su intercesión, sino que se les administró después de que no pudiese inocularse a cualquier otra persona que sí perteneciese a un grupo prioritario. La segunda acabó dimitiendo al día siguiente por la indignación que despertó su caso y el del resto.