La Conselleria de Sanidad recaba informes entre los distintos departamentos de salud de la provincia de Alicante en relación con las circunstancias en las que se produjo la vacunación de alcaldes y concejales de diversos municipios al margen del orden de prioridad previsto en los protocolos sanitarios.

Esa es la respuesta facilitada hasta ahora por el departamento autonómico que coordina Ana Barceló tras la última petición de documentación reclamada por la Fiscalía de Alicante para determinar si pudo cometerse algún tipo de anomalía que deba ser depurada desde el punto de vista de la responsabilidad penal en la administración de las dosis de dichos cargos públicos.

Entre ellos, figuraría el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP); el alcalde de El Verger, Ximo Coll (PSPV-PSOE); la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives (PSPV-PSOE), así como el concejal de Orihuela, José Galiano (PP); el excomisionado del área de Salud de Torrevieja y concejal de Benejúzar, José Antonio García (PSPV-PSOE); y la ya exedil de Sanidad y Bienestar Social de Dénia, Cristina Morera (PSPV-PSOE).

Se trata de los representantes políticos incluidos en la denuncia registrada en Fiscalía por dos activistas vecinales de la ciudad de Alicante, con la intención de que el Ministerio Público dilucidase si se cometió algún tipo de delito en la inoculación de esos cargos públicos.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación para estudiar caso por caso cada uno de los supuestos en los que esos representantes políticos habían recibido la vacuna frente a la covid-19. En marzo solicitó informes a la Conselleria de Sanidad para precisar las circunstancias concretas en las que se produjo la administración de los viales.

Esa investigación se extendió, después, al obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, y su hermana, quienes también habrían recibido la vacuna de manera extemporánea, según apuntaron los dos activistas vecinales en una ampliación de su escrito de denuncia.

Hasta el momento, según fuentes jurídicas, Sanidad ya había remitido parte de la información solicitada por la Fiscalía.

Sin embargo, existía otra parte de la documentación reclamada que no se había llegado a entregar, lo que propició que se oficiase una diligencia para ordenar que fuese la Policía quien acudiese a la sede central de la conselleria en València para reclamar esa documentación.

Entre los informes entregados ahora, según las mismas fuentes, se apunta a que el motivo de la demora en la entrega de la información solicitada obedece a la necesidad de recabar esos datos a los distintos departamentos de salud en los que cada uno de esos cargos públicos recibieron la dosis de la vacuna.