Todas las incógnitas sin resolver por el Gobierno de Sánchez sobre las nuevas desaladoras en Alicante y Murcia

Las nuevas desaladoras que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) ha anunciado para la cuenca del Segura, una en Águilas (Murcia) y otra vinculada al sistema de Torrevieja, acumulan ya una batería de preguntas parlamentarias del PP que siguen sin respuesta oficial.

Los diputados populares reclaman explicaciones sobre el encaje legal, la viabilidad económica y el calendario real de estas infraestructuras, concebidas como alternativa a los recortes del trasvase Tajo-Segura, pero de las que apenas se conocen datos concretos más allá de los anuncios políticos.

Al frente de esta ofensiva se sitúa Joaquín Melgarejo, diputado del PP por Alicante y uno de los principales expertos académicos en materia hídrica del sureste español. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas y exdirector del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que lleva años estudiando la economía del agua y la gestión del trasvase Tajo-Segura, lo que dota de un marcado perfil técnico a las preguntas registradas en el Congreso.

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El contexto inmediato es la decisión del Gobierno de impulsar dos nuevas desaladoras en la demarcación del Segura sin haber culminado aún la ampliación de la planta de Torrevieja, que sigue arrastrando retrasos pese a haberse vendido durante años como la pieza clave para sostener el riego del sureste.

La Confederación Hidrográfica del Segura licitó a finales de julio de 2025 los anteproyectos de estas dos plantas, con una capacidad conjunta de 150 hectómetros cúbicos anuales, al tiempo que el propio secretario de Estado Hugo Morán admitía que no estarán en funcionamiento en 2027, cuando previsiblemente entren en vigor las nuevas reglas del trasvase. Para los regantes, esto supone que la alternativa desaladora llega tarde y sin que la gran infraestructura existente, Torrevieja, haya completado todavía su propio proceso de ampliación.

Las incógnitas jurídicas constituyen el primer bloque de cuestiones planteadas por el PP. Melgarejo subraya que las nuevas desaladoras anunciadas en rueda de prensa no figuran en el Plan Hidrológico del Segura vigente y, en consecuencia, están “fuera del ordenamiento aprobado”.

Los diputados quieren saber si el Ministerio va a promover una modificación formal del PHS para incorporarlas, cuándo se iniciará esa tramitación y cómo se explica que una actuación de esta envergadura no se incluyera en la planificación hidrológica impulsada por el propio departamento.

También reclaman los informes técnicos elaborados por el personal de la CHS sobre estas plantas, cuestionando de facto si la decisión ha seguido los cauces establecidos y si cuenta con respaldo técnico documentado.

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¿Hay dinero para hacerlas?

El segundo bloque de incógnitas es económico. En sus escritos, el PP denuncia que no se han publicado las “cifras básicas” que justificarían la actuación: inversión total prevista, estructura de tarifas, volúmenes que se van a servir y áreas concretas que se verán afectadas. A pesar de que la CHS ha iniciado la licitación de anteproyectos para dos desalinizadoras de 150 hectómetros cúbicos, el Gobierno no ha detallado cuánto costará cada metro cúbico producido ni qué impacto tendrá en la factura del agua de los regantes del Tajo-Segura.

Para Melgarejo, que lleva años alertando del déficit de inversión en obra hidráulica y de la sensibilidad del regadío a los costes del agua, esta opacidad impide evaluar si la solución planteada es sostenible económica y socialmente.

La tercera gran incógnita se refiere a las obras complementarias necesarias para que el agua desalada llegue realmente al campo. Las preguntas registradas explican que, además de las plantas, será imprescindible construir sistemas de bombeo, conducciones, líneas de evacuación eléctrica y balsas de regulación intermedia que hoy no existen para estos caudales en la cuenca del Segura.

Los diputados exigen al Gobierno que concrete cómo se ha previsto el transporte de las nuevas aguas desaladas hasta las zonas de consumo y si se piensa utilizar la misma tubería Torrevieja–Ojós, aún en tramitación, o si habrá que duplicarla o ampliarla para soportar el nuevo volumen. También reclaman cifras sobre el coste de estas infraestructuras de transporte y el recargo que supondrán en las tarifas, advirtiendo de que, sin esas conexiones, las desaladoras corren el riesgo de quedarse en un recurso sobre el papel.

El calendario

El calendario constituye la cuarta incógnita clave. Más allá de la licitación de los anteproyectos, el Ejecutivo no ha ofrecido un cronograma detallado sobre cuándo estarán completamente terminadas y operativas las desaladoras de Águilas y del sistema de Torrevieja, ni sobre en qué fechas comenzarán a aportar caudal efectivo a los canales del postrasvase.

La propia admisión de que no estarán listas en 2027 abre una brecha entre el momento en que se recortan los caudales del Tajo y el momento en que, en teoría, deberían entrar en servicio los nuevos recursos desalados, una descoordinación temporal que preocupa especialmente al sector agrario.

Sobre este conjunto de sombras planea una valoración de fondo que va más allá de la aritmética de hectómetros cúbicos: la sensación de que se trata de un anuncio sin ejecución visible en el horizonte político. Expertos hídricos de Alicante y Murcia vienen advirtiendo de que las promesas de nuevas desaladoras y de ampliaciones como la de Torrevieja se repiten desde hace años sin que las infraestructuras se materialicen al ritmo comprometido ni con la claridad financiera y normativa necesaria.

La batería de preguntas liderada por Joaquín Melgarejo traduce esa desconfianza técnica en términos parlamentarios y obliga al Gobierno a explicar si las dos nuevas plantas serán una solución real para el regadío del sureste o solo otro capítulo más en una política del agua basada en anuncios que no terminan de convertirse en obra ejecutada.