El escándalo de las Diputaciones

Este diputado provincial nos cuesta 15.000 euros al mes y ha pasado por cinco partidos

Antonio López Martín, de la Diputación de Toledo, recibe 68.000 euros de sueldo y 115.000 para su grupo, que solo es él. Nadie fiscaliza este dinero. Pero su caso no es único.

El diputado provincial de Ciudadanos en Toledo Antonio López Martín.

El diputado provincial de Ciudadanos en Toledo Antonio López Martín.

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Al delegado territorial de Ciudadanos en Castilla La Mancha, Antonio López Martín, no se le puede negar su enorme vocación política. A sus 59 años, ha formado parte de cinco partidos. En la década de los noventa comenzó con el PSOE, después se pasó a Izquierda Unida, más tarde estuvo en las listas de Unión de Ciudadanos Independientes de Toledo (UCIT), luego se presentó por Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) y, por último, cuando el partido de Albert Rivera comenzó su expansión por toda España, dio el salto a Ciudadanos.

Este funcionario en excedencia de la Junta de Castilla La Mancha consiguió su primer cargo público con el partido naranja en las últimas elecciones municipales. Se convirtió entonces en concejal de Illescas, un municipio de 26.000 habitantes donde tiene su residencia habitual. Ese puesto le permitió hacerse con el único asiento que Ciudadanos dispone en la Diputación Provincial de Toledo, gracias al cual disfruta de un sueldo de ministro (68.000 euros al año, siete veces el salario mínimo). Además, su grupo político -que está compuesto solo por él- se lleva una subvención para gastos derivados de su actividad política de otros 115.000 euros. En definitiva, su trabajo como diputado provincial le cuesta a esta administración 183.000 al año, o lo que es lo mismo, más de 15.000 al mes, de los que se lleva a casa en concepto de sueldo 5.700.

A este nada desdeñable gasto habría que sumar los sueldos del personal de confianza que trabaja para su grupo, es decir, para él mismo. Ciudadanos tiene asignados un asesor y un administrativo, cuya masa salarial conjunta supone para la Diputación de Toledo un gasto añadido de otros 60.000 euros.

-¿No le parece excesivo tener a su disposición una subvención de 115.000 euros?

-A mí todo me parece excesivo -cuenta López Martín-. Pero es que cuando llegamos aquí desconocíamos cuánto podía costar nuestra actividad política. Estoy dispuesto a hablar con el resto de grupos para que reduzcamos las subvenciones en los próximos presupuestos.

López Martín, que está casado y tiene dos hijas, asegura que este es un dinero que la Diputación de Toledo ingresa cada mes en la cuenta bancaria de su grupo político y que él destina a “gastos de oficina, desplazamientos, hojas informativas en pueblos y alquiler de locales para convenciones”. Este montante corresponde a las controvertidas subvenciones que las diputaciones provinciales otorgan a los grupos con representación, que en muchas ocasiones se conceden sin especificarse a qué deben destinarse y suelen quedarse exentas de fiscalización. “Ciudadanos no se lleva ni un euro y las cuentas están a disposición del interventor y del Pleno si así lo solicitan”, asegura.

Sin embargo, fuentes oficiales de la Diputación de Toledo reconocen que ni en esta corporación -en la que gobierna el PSOE- ni en la anterior -cuando estaba el PP- se ha requerido a los grupos que presenten su contabilidad para analizar a qué han destinado el dinero. Y ello pese a que esta Diputación, que tiene un presupuesto de unos 120 millones, se gasta 915.000 euros en esta partida. Un dinero que, aunque pueda parecer muy llamativo, para nada es una excepción en este tipo de administraciones. Por ejemplo, la Diputación de Zaragoza y la de Valencia gastan aún más en este concepto, a razón de 1,34 millones la primera y 1,15 la segunda.

El mundo de las diputaciones provinciales da para escribir libros enteros con historias extraordinarias como la de este político de Ciudadanos. De hecho, en la propia Diputación de Toledo hay otro representante que supone el mismo gasto. Se trata de Jorge Vega, de Izquierda Unida, que también tiene sueldo de ministro y su grupo disfruta de la mencionada subvención de 115.000 euros al año. Vega no atendió las llamadas de EL ESPAÑOL y fuentes de su formación tan solo pudieron apuntar que este diputado provincial dedica una parte de sueldo personal a la financiación de Izquierda Unida, algo a lo que están obligados todos los representantes de este partido por los estatutos de la formación. ¿Pero dónde van a parar los 115.000 euros del grupo parlamentario de IU, con un único diputado?

El diputado provincial de Izquierda Unida Jorge Vega.

El diputado provincial de Izquierda Unida Jorge Vega.

Cobrar como un ministro

Ser diputado provincial y cobrar lo mismo que un ministro está a la orden del día, como se ha podido comprobar con Toledo. Pero tampoco es raro que estos políticos tengan percepciones superiores a la de Mariano Rajoy (79.000 euros). Tres ejemplos son los presidentes de la Diputación de Barcelona, la convergente Mercè Conesa (100.000 al año); el de Alicante, el popular César Sánchez (81.000); y el de Burgos, César Rico, también del PP (80.000). En la Diputación de Barcelona, aparte de Mercè Conesa, al menos otros 14 políticos, entre ellos los cinco vicepresidentes y los líderes de los grupos políticos, tienen un sueldo superior al del presidente del Gobierno, en concreto, se llevan a casa 89.000 euros.

Mercè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona.

Mercè Conesa, presidenta de la Diputación de Barcelona.

España cuenta con 52 diputaciones provinciales, aunque solo 38 de ellas son de régimen común. Las otras 14 son los cabildos y consejos insulares, así como las diputaciones vascas, que tienen unas competencias más amplias y un método de elección directa de sus representantes políticos. Las 38 de régimen común manejaron un presupuesto de 6.357 millones de euros en 2015. Según los informes oficiales del Ministerio de Hacienda, la mayor parte de su financiación proviene de transferencias de otras administraciones -en concreto, el 71% de sus ingresos no financieros- porque las diputaciones tienen una capacidad prácticamente nula para recaudar impuestos. De estos fondos, la inmensa mayoría proceden de programas del Estado y de una pequeña participación en impuestos como el IRPF, el IVA, la gasolina o el tabaco.

La función principal de estas administraciones, tal y como recoge la Ley de Bases, es prestar servicios básicos a los ciudadanos que residen en municipios pequeños, ya que sus ayuntamientos serían incapaces de ofrecérselos por sus escasos ingresos. Esta Ley se refiere al tratamiento de residuos o al servicio de bomberos. Pero su genérica redacción permite que estén ofreciendo servicios que en principio no les correspondería ejercer (museos, patronatos de turismo, teleasistencia...). Se puede poner como ejemplo el Instituto Alicantino de Familia, organismo autónomo de la Diputación de Alicante que entre otros servicios ofrece asesoramiento para resolver conflictos de pareja; o la Xarxa Audiovisual, una productora creada por la Diputación de Barcelona que busca generar sinergias entre las televisiones locales de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares.

El Palacio Provincial de Alicante, sede de la Diputación Provincial de Alicante.

El Palacio Provincial de Alicante, sede de la Diputación Provincial de Alicante.

La repetición de las elecciones ha dejado en papel mojado el pacto que alcanzaron PSOE y Ciudadanos, que recogía reformas constitucionales como la supresión de las diputaciones. Pese a que las voces que defienden reformarlas, o directamente eliminarlas, no han parado de crecer desde que España apostara en la Transición por el modelo autonómico, ningún presidente del Gobierno ha tenido el coraje de revisarlas a fondo. De hecho, el PSOE, con la excepción de cuando Alfredo Pérez Rubalcaba se presentó como cabeza de lista en 2011, ha pasado sobre este asunto de puntillas. El ex líder socialista propuso delimitar las competencias de estas instituciones y eliminar su estructura política -los diputados y su gasto asociado en viajes, asesores, publicidad y protocolo-, reforma con la que pretendía ahorrar unos 1.000 millones. Pero en el programa electoral de Pedro Sánchez se abandonó esta idea y solo se recogían dos referencias vagas (hablaban de “mejorar su eficacia y eficiencia”).

Tocar las diputaciones es un asunto muy espinoso para los partidos porque su existencia otorga herramientas para controlar el poder municipal y para repartir cargos. Susana Díaz, presidenta de Andalucía, montó en cólera cuando se enteró de que Pedro Sánchez había decidido defender la supresión de estas administraciones. Además, hay que recordar que algunos de los más altos dirigentes nacionales y autonómicos pasaron una parte de su carrera política en estas instituciones. Es el caso del propio Mariano Rajoy, quien fue presidente de la Diputación de Pontevedra y que defendió hace unas semanas mantener las diputaciones con el argumento de que tienen déficit cero. O el del presidente de Aragón, Javier Lambán, que fue presidente de la Diputación de Zaragoza y que ha dado orden a los diputados y senadores aragoneses de oponerse a la supresión que ahora defiende Sánchez.

Presidente con 146 votos

Estas 38 administraciones cuentan con un total de 1.040 diputados provinciales, que son elegidos mediante un procedimiento que genera casos tan llamativos como el de Juan Antonio Sánchez Quero. Este político del PSOE se convirtió el año pasado en presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Para ello solo le hicieron falta 146 votos, los suficientes para repetir como alcalde del pequeño municipio de Tobed -apenas tiene 230 habitantes- por quinta vez consecutiva. Desde entonces, representa a una provincia con más de 720.000 electores pese a que apenas le votó el 0,02% del censo.

Juan Antonio Sánchez Quero alza el bastón tras ser elegido Presidente de la Diputación de Zaragoza en 2015.

Juan Antonio Sánchez Quero alza el bastón tras ser elegido Presidente de la Diputación de Zaragoza en 2015.

Semejante situación deriva del complejo método que se utiliza para escoger a estos políticos. Se trata de una elección indirecta entre los alcaldes y concejales de la provincia en la que, como reconocen todos los ediles consultados por el EL ESPAÑOL, son los aparatos de los partidos los que determinan finalmente qué personas ocupan los asientos.

Oficialmente, el proceso comienza una vez se han constituido los ayuntamientos tras la celebración de las elecciones municipales. La Ley Electoral determina entonces, en aplicación de la Ley D'Hont y utilizando el partido judicial como circunscripción, cuántos representantes le corresponden a cada formación política. A partir de ahí, se inicia un proceso en el que los aparatos de los partidos elaboran una lista con sus candidatos en cada partido judicial y van después pueblo por pueblo para que al menos un tercio de sus concejales avalen dicha lista, requisito que marca la Ley Electoral.

Los ediles son llamados después para votar las candidaturas que han recibido suficientes apoyos, con la particularidad de que este paso se hace innecesario porque en muchas ocasiones solo hay una lista con las firmas requeridas. “El problema es que si te niegas a avalar a los candidatos que te indica el partido, el aparato se pone en tu contra y tu pueblo corre el riesgo de ser castigado en el reparto de subvenciones”, lamenta un alcalde socialista de la provincia de Zaragoza, que pide el anonimato.

En el caso de Sánchez Quero, que tiene 56 años y lleva en política desde 1991, fue la Ejecutiva del PSOE-Zaragoza la que decidió auparle hasta este puesto tras los últimos comicios municipales. Ahora, este funcionario de la administración local en excedencia también disfruta de un sueldo de ministro: 69.000 euros al año.