EL ESPAÑOL destapa hoy el gran escándalo de corrupción de la Generalitat durante la presidencia de Artur Mas, con pruebas documentales que revelan cómo se amañaban los contratos para favorecer a empresas afines a Convergència. Estas compañías aportaban luego generosas donaciones al partido, dentro de un entramado que dio pie también al enriquecimiento personal de algunos de los protagonistas.

La publicación de esta exclusiva sólo ha sido posible después de 20 meses de trabajo periodístico y tras haber tenido acceso y haber analizado centenares de imágenes, 36.500 archivos de texto, 23.520 archivos en pdf y 364.980 correos electrónicos. Tanto por el volumen de información manejado como por la trascendencia de los datos que sacamos a la luz bien puede decirse que estamos ante el caso CatLeaks. Sólo algunas de las revelaciones que ahora aportamos están siendo investigadas por la Justicia. 

530 millones de euros

Los documentos que publica EL ESPAÑOL demuestran cómo, en cinco años, la Generalitat tramitó concesiones públicas por valor de 530 millones de euros a través de un sistema que burlaba los controles de la Administración y que permitía al Gobierno otorgar a dedo los contratos. Se hizó además a través de GISA (agencia pública que pasó a denominarse posteriormente Infraestructures), una entidad que en teoría debía servir para garantizar la rectitud en los procesos de contratación pública.

Lo que demuestra también la documentación es que, lejos de ganar los concursos las mejores ofertas, los contratos se repartían de forma sistemática entre las empresas afines, con un criterio además patriotero. Lo primero que hizo Joan Lluís Quer, hombre de confianza de Mas, al llegar a la presidencia de GISA fue organizar una cita privada exclusivamente con responsables de empresas catalanas, marginando a propósito a los de otros territorios.

Mediación de miembros del Govern

Germà Gordó, que a la postre sería nombrado conseller de Justicia, era el intermediario habitual entre la agencia pública encargada de las adjudicaciones y el Govern. Pero también intercedían por empresas amigas consejeros en activo del Gobierno catalán, como Felip Puig.

Estamos ante un escándalo que ayuda a comprender, entre otras razones, el giro independentista de la antigua Convergència. Sólo con una Justicia sumisa, los protagonistas de esta trama podrían escurrir el bulto. Anticorrupción tendrá con CatLeaks material suficiente como para abrir nuevas investigaciones y los partidos, argumentos para exigir responsabilidades políticas.