El rugido del león

350 diputados ante su responsabilidad

En las próximas cinco semanas España se juega su futuro. De no llegar los partidos a un pacto de investidura antes del 2 de mayo, el rey decretará la disolución de las Cámaras y convocará elecciones para el próximo 26 de junio. Los mismos partidos que durante tres meses han sido incapaces en ponerse de acuerdo para formar gobierno sólo tardaron unos minutos en concederse tres semanas de vacaciones, así que parece conveniente recordar a sus relajadas señorías que el país ha entrado en tiempo de descuento. 

Repetir las elecciones sería un fracaso colectivo que embarrancaría a España -como mínimo- durante otro trimestre, por lo que ha llegado el momento de apelar a la responsabilidad individual de los diputados para que, aun siguiendo de vacaciones, pues el próximo pleno ordinario se celebrará el 5 de abril, hagan lo posible por buscar una salida a la situación en la que nos han metido sus partidos.

La culpa del bloqueo

Es verdad que no se puede achacar a todas las formaciones la misma culpa en la situación de bloqueo. Por un lado, PSOE y Ciudadanos cerraron un pacto de investidura. Por otro, puede que no merezcan el mismo juicio el PP, un partido con mucha experiencia institucional y de Gobierno que se enroca en el inmovilismo, que Podemos, una plataforma que desde posiciones radicales se empeña en llevar a las instituciones al monte ideológico del que partió.

Por todo ello, y porque la actual situación de bloqueo ha abierto debates dentro de los partidos, hay que exigir a cada uno de los 350 diputados que actúe con altura de miras. Cada uno de ellos representa al conjunto del pueblo español y cada uno tiene encomendado el mandato constitucional de elegir a un presidente que forme gobierno.

No se trata de pedir que se rompa la disciplina de voto en otra eventual votación de investidura, sino de que los representantes elegidos por los ciudadanos se hagan cargo de su responsabilidad y presionen a sus direcciones para no perpetuar la zozobra hasta más allá de junio.

Han de tener en cuenta que repetir elecciones no garantizaría un cambio sustancial del resultado salido del 20-D, así como el altísimo coste institucional, económico y político del bloqueo. En lo institucional, basta reparar en los viajes suspendidos por Felipe VI a Arabia Saudí, Corea del Sur y Japón para pensar en las oportunidades diplomáticas y empresariales perdidas.

2.000 millones al mes

En lo económico, la nueva gran firma de EL ESPAÑOL, Daniel Lacalle, estima en su columna de hoy que "la incertidumbre política ya cuesta alrededor de 2.000 millones mensuales", y cita al BBVA para alertar de que "España crecería la mitad de lo estimado [en 2017] si se prolonga el frenazo institucional". Nada es gratis, y en situaciones de inestabilidad, o ante el riesgo de cambios totales en la legislación fiscal o laboral, se reduce el gasto en inversión, se desploma la confianza de los consumidores y se aplazan decisiones de inversión productiva y contratación.

En lo político, todos los partidos excepto Ciudadanos acusan un desgaste evidente. Ya hemos dicho que la opción preferida por EL ESPAÑOL sería la de una gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos con un presidente de consenso, pero Mariano Rajoy se ha convertido en un obstáculo para esta fórmula y, por su egoísmo, está dilapidando el crédito que le queda a una formación acosada además por los escándalos de corrupción.

La crisis del PSOE y Podemos

Pedro Sánchez se ha esforzado mucho, pero la tesitura de verse abocados a nuevas elecciones lleva a los barones a plantearse si el mismo candidato que cosechó el peor resultado de la historia del PSOE debe repetir: el debate se focaliza entonces en la vida interna y agrava la frustración ciudadana. Albert Rivera sí ha logrado ocupar el centro político y el centro de las negociaciones, de modo que se ha convertido en el aliado imprescindible para el resto.

Por lo que refiere a Podemos, el cisma en la organización radicaliza a sus confluencias, lo que repercute en posiciones cada vez más singulares y cambiantes respecto de temas fundamentales como el modelo territorial, el modelo de Estado o el cumplimiento con nuestras obligaciones con nuestros socios.

La factura que España paga por mantener el Estado en suspenso es cada vez más onerosa en todos los sentidos. Los ciudadanos votaron para que los partidos formaran gobierno, no para que mantuvieran en país paralizado durante meses. Si las direcciones de los partidos no son capaces de presentar al rey una fórmula de investidura viable, el descrédito será absoluto. En manos de los congresistas queda sacar a España del atolladero.