El rugido del león

El separatismo se divide, el Estado se fortalece

Mientras los antisistema de la CUP rechazaban este martes en el Parlament la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat y anunciaban con sorna que preferían ser coherentes y apoyar a quien fue cabeza de lista de Junts pel sí, Raül Romeva, y no a su número cuatro, el Estado daba muestras de unidad frente al desafío separatista.

Era cuestión de tiempo que las diferencias aflorasen en el seno del heterogéneo bloque inedependentista, y aun cuando el líder de la CUP, Antonio Baños, emplazó a Mas a volver a presentar su candidatura el jueves, no parece probable que su grupo de diez diputados vaya a cambiar de opinión. Mas, pese a reclamar insistentemente la unidad para no perder una ocasión "histórica" de lograr la independencia, se llevó la primera bofetada: 73 votos en contra y 62 a favor.

Aun cuando, como asegura la CUP, el descarte de Mas no detendría el "proceso" separatista, está claro que es un primer traspié. No tanto porque afloren las diferencias internas como porque muchos ciudadanos empiezan a ser conscientes de que quien tiene la sartén por el mango en Cataluña es un partido que quiere sacarles de Europa y de la OTAN, y que está en contra del libre mercado.

La notificación será personal

Al mismo tiempo, el Estado empieza a dar muestras inequívocas de que se ha puesto en marcha para frenar el órdago secesionista. Por un lado, escenificaba la unidad de los principales líderes con una nueva reunión, esta vez en la Moncloa, entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. También, de unidad de las instituciones, con la entrevista entre el presidente del Gobierno y Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Por su parte, el Consejo de Estado se pronunciaba con rotundidad acerca de la resolución independentista del Parlament: "Existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar al Constitucional". Es el paso previo que necesitaba el Gobierno para dirigirse al Tribunal.

Tal y como hoy informamos, en cuanto el Constitucional suspenda la declaración de la Cámara catalana notificará personalmente a Mas y a Carme Forcadell su resolución para que no puedan decir que no han sido avisados; es decir, para que no tengan escapatoria legal. No es una medida baladí: carece de precedentes en el TC.

El aviso de la Fiscalía

No es el único movimiento del Estado desde el ámbito de la Justicia. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha cursado una orden a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que actúen si se produjeran delitos de sedición o rebelión.

Es un primer paso para actuar contra autoridades locales y políticos no aforados, pero también contra funcionarios, policías e incluso particulares. En Cataluña se da la paradoja de que mientras los diputados juegan a aprendiz de brujo protegidos por su inmunidad parlamentaria, ponen en riesgo -con las consecuencias que se derivarán de sus decisiones- a personas que no gozan de esa protección.

El fiscal Zaragoza advierte en su escrito de la gravedad de los delitos de sedición, rebelión, prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o uso indebido de fondos públicos en pos de la secesión, delitos que, si se trata de autoridades, pueden acarrear penas de hasta quince años de prisión.

La maquinaria contra el golpe independentista se ha puesto en marcha, como es lógico en cualquier Estado de Derecho moderno. Quienes lo alientan y lo secundan deben saber que no podrán burlar la Ley.