México

La corrupción vuelve a ahogar al partido gobernante en México

Peña Nieto prometió acabar con la corrupción, pero los tres colaboradores que citó como ejemplo, ahora están siendo investigados.

El presidente de México, Peña Nieto.

El presidente de México, Peña Nieto. Reuters

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La hemeroteca puede ser muy complicada. En 2012, Enrique Peña Nieto, durante la campaña que le llevó a la presidencia de México, hablaba de un nuevo PRI, renovado, alejado de los pecados y corrupción histórica de la entidad política que había administrado México durante 71 años. Y citó tres gobernadores como ejemplo de esta regeneración: Roberto Borge, de Quintana Roo, César Duarte, de Chihuaha, y Javier Duarte, de Veracruz. Hoy los tres están siendo investigados por la Justicia y, de hecho, el último está en busca y captura. El nuevo PRI resultó parecerse mucho al antiguo y la corrupción anega, otra vez, al partido gobernante.

El caso de Javier Duarte en Veracruz, el último en estallar y que ha propiciado un cambio de nombres al frente de la fiscalía, se incubó durante meses. El portal Animal Político se dedicó desde mayo a publicar informaciones referidas a una serie de empresas fantasma, creadas desde el primer mes de su llegada al poder, con las que presuntamente se desviaban fondos destinados a sanidad y erradicación de la pobreza.

Con ellos, y según estas informaciones, el gobernador pudo adquirir propiedades inmobiliarias en EEUU y México por valor de casi 50 millones de euros. La fiscalía finalmente decidió detenerle hace un par de semanas y Duarte, tras una entrevista televisiva en la que aseguró que se iba antes del fin de su legislatura para centrarse en su defensa legal, desapareció; avergonzando de paso al gobierno federal.

El otro Duarte, el de Chihuahua, ha sido señalado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y facultades... y hasta de crear una entidad bancaria para gestionar esos fondos. En Quitana Roo, Borge está acusado de mala gestión de la deuda pública y vender ventajosamente terrenos en zonas turísticas para sus familiares, amigos y testaferros. Los tres gobernadores perdieron sus puestos en las elecciones estatales del pasado junio.

“Durante 2012, hubo una campaña mediática muy fuerte, con mucho dinero, para generar una burbuja informativa con la que dar la impresión de que existía un nuevo PRI y quizá parte de la opinión pública estaba dispuesta al principio a darle el beneficio de la duda”, explica John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, autor de libros como  'El mito de la transición democrática'  y uno de los analistas políticos más leídos del país. 

“Pero Peña Nieto representa al clan de gobernadores feudales del PRI y su llegada a la presidencia significó que esas redes de delincuencia legalizada volviesen al poder federal”, añade Ackerman. Antes de ser presidente, Peña Nieto administró el Estado de México, uno de los estados donde en 87 años no ha habido una alternancia en el poder.

Para Ackerman, la credibilidad del Gobierno lleva rota mucho tiempo, siendo el punto de no retorno la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa (Iguala) hace ya más de dos años. El caso de Duarte es una losa más, que confirma la deriva.

“El Gobierno se está autodestruyendo de una forma escandalosa y Peña Nieto nos ha llevado a un momento histórico, un momento de cambio político real”, continúa. “Nunca antes en la historia moderna el pueblo mexicano ha repudiado y despreciado a su presidente, siempre había tenido fe en él, pero ahora la corrupción y la delincuencia han sido tan transparentes que la gente ya no confía en su presidente”. En este contexto, se entiende que hace unos días Peña Nieto declarase que no se levanta pensando en “cómo joder a México”.

“A Peña Nieto se le ataca demasiado en los medios, siendo el presidente más golpeado en el periodo del México postrevolucionario y no siempre con justicia”, defiende Pablo Hiriart, antiguo director de diarios como La Razón y El Nacional, actualmente columnista de opinión. “Se le critica injustamente cuando se dice que es un ignorante, también por Ayotzinapa, crimen que se le achaca a su Gobierno, pero fueron las autoridades locales, de izquierda, coludidas con narcos y asesinos...”. En su opinión, la responsabilidad por los presuntos casos de corrupción de los gobernadores es compartida entre su Administración y la de su antecesor, Calderón, del PAN, ya que la mitad de sus mandatos fue bajo su presidencia.

Tratar de entender México sin un acercamiento al Partido Revolucionario Institucional (PRI) no es posible. Fundado en 1929, la presidencia fue siempre suya hasta que, en el año 2000, el antiguo ejecutivo de Coca-Cola Vicente Fox, logró convertirse en el máximo mandatario del país presentándose por el conservador Partido de Acción Nacional (PAN). El escritor Mario Vargas Llosa definió a México en 1990 como “la dictadura perfecta” por “la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido, que es inamovible”. Le sucedió el también panista Felipe Calderón hasta que volvió el PRI con Peña Nieto al frente.

“El PRI no tiene ideología, solo asume la del presidente en turno: de izquierdas, con educación socialista y reforma agraria, con Lázaro Cárdenas; con Salinas es neoliberal... Como dice Juan Linz, los sistemas autoritarios no tienen ideología”, arguye el laureado historiador Lorenzo Meyer, del centro universitario Colegio de México. “Su vuelta se debió a su fama de partido eficaz, capaz de controlarse a sí mismo y al crimen organizado, tras la desastrosa guerra contra las drogas del panista Felipe Calderón”.

Meyer cuenta que “en el sistema autoritario, el presidente tenía un gran control sobre los gobernadores, los grupos de presión y las organizaciones criminales, pudiendo ponerles un freno inmediato si atentaban contra sus intereses”. Pone como ejemplo el enfrentamiento entre Carlos Salinas de Gortari, presidente priista de 1989 al 94, enfrentado con Joaquín Hernández Galicia, cacique del sindicato petrolero y apodado la Quina. En 1989, el ejército fue a detener al sindicalista a su casa. Según la versión oficial, en la vivienda encontraron varias cajas con fusiles y durante un tiroteo murió un agente.

Hernandez Galicia fue condenado a 35 años, calificado como preso político por Amnistía Internacional y en un informe del Gobierno de EEUU, publicado por la revista Proceso, un líder sindical coetáneo aseguraba a la embajada que el motivo de la detención fue político. “Salinas, mediante el ejercito, le plantó un cadáver y un montón de armas nuevas ya que sospechaba, creo que acertadamente, que no había puesto todo el poder del sindicato a favor de su campaña”, asegura Meyer. En México este episodio se conoce como el 'Quinazo' y es un término que forma parte de su cultura política.

“Ese es el tipo de instrumento que el antiguo PRI, con un presidente incuestionable, podía usar; y por eso parte de la opinión pública esperaba que volviera a ocurrir con Peña Nieto, que podría hacer entrar en razón a las organizaciones criminales y que sus gobernadores sabrían medirse. Pero él no tiene ni la capacidad ni las herramientas para controlar a sus gobernadores”, concluye el historiador.

El propio presidente quedó en entredicho al saltar el escándalo por la vivienda valorada en unos 7 millones de dólares que compró hace dos años a una empresa contratista del gobierno cuando era gobernador del Estado de México.