Argentina

Fernández de Kirchner deberá declarar por un "plan sistemático" de concesiones amañadas

Un juez acepta la teoría de la Fiscalía contra la expresidenta argentina en otro caso de presunta corrupción estatal.

Cristina Fernández de Kirchner ya declaró por la venta de futuros de dólar en abril.

Cristina Fernández de Kirchner ya declaró por la venta de futuros de dólar en abril. Reuters

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La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) acumula investigaciones judiciales por presunta corrupción. Este lunes el juez federal Julián Ercolini la citó a declarar el próximo 20 de octubre como investigada por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo.

Esta es la segunda vez que Fernández de Kirchner es llamada a declarar ante un juez desde que dejó la presidencia, después de que el pasado abril se sentara en el banquillo por presunto perjuicio económico al Estado a causa de la venta de futuros de dólar en el Banco Central argentino al final de su mandato.

Ahora Ercolini cita a la ex jefa de Estado y otras 16 personas, incluidos miembros del anterior Ejecutivo, como el exministro de Planificación Federal y el exsecretario de Obras Públicas, además de empresarios entre los que destaca Lázaro Báez. Además, ha dictado como medida cautelar la inhibición (bloqueo) general de bienes de 17 de los citados.

El magistrado investiga el presunto amaño en la adjudicación de la obra pública a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero.

Ya el pasado 16 de agosto, los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, solicitaron al juez que Fernández fuera llamada a declarar por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública. Los fiscales hablaron de un "plan sistemático" para apoderarse de fondos públicos, recuerda el diario argentino Clarín, y ahora Ercolini ha indicado que la "maniobra" imputada a la expresidenta argentina se basa en "cuatro pilares fundamentales:

- "la inserción del amigo presidencial (Báez) en el negocio de la construcción vial";

- la extensión a nivel nacional de una estructura provincial;

- la mayor concentración de obra pública la provincia donde operaba Báez;

- y el "diseño de un esquema de beneficios exclusivos (...) en detrimento de las arcas del Estado".

El Ministerio Público Fiscal vio indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz beneficiando a Báez, quien fuera estrecho colaborador del fallecido expresidente y esposo de Cristina Fernández, Néstor Kirchner (2003-2007).

La causa, abierta en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una "organización criminal" ideada para "beneficiarse ilegítimamente" con el dinero público en "consecuente y grave detrimento" de las rentas de la Nación.

Ruta del dinero K

En su dictamen, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ) y recogido también por Efe, Ercolini añade que se encuentran incorporados "elementos de convicción bastantes" como para fundamentar la "verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio", y los "consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra".

Báez, principal adjudicatario de obra pública durante el kirchnerismo en el sur del país, permanece detenido desde abril en el marco del expediente conocido como "Ruta del dinero K (Kirchner)" por encabezar, presuntamente, una red de lavado de dinero, en el marco del cual la Fiscalía también pidió investigar a Fernández.

No obstante, el nombre de Báez aparece también en otras causas sobre presuntas irregulares en sociedades de la expresidenta y su entorno familiar. Así, Ercolini también está al frente del caso Hotesur, empresa administradora de hoteles de la que la exmandataria es accionista. Sobre ello, el juez ha recordado que se investigan "presuntos retornos a la ex familia presidencial", que "provendrían de los fondos obtenidos ilícitamente a costa del erario público".

Esta investigación espera determinar si parte de los ahora llamados a declarar por el caso Austral se beneficiaron por los pagos que distintos empresarios, favorecidos por el Estado, habrían realizado a su favor, a través contrataciones con relación a sus complejos hoteleros de los Kirchner, ha subrayado Ercolini en su resolución.

La expresidenta, que no goza de inmunidad, ha reiterado en los últimos meses que sufre una persecución política, mediática y judicial injustificada y en este tiempo sus seguidores se han manifestado en las calles de Buenos Aires para mostrarle su apoyo.